Ley para asustar a los corruptos

En círculos estatales se ha decidido presentar ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de lucha contra la corrupción, mal que campea en la administración pública, en especial en sus altos estratos, resultando involucrados ministros, directores de oficinas e inclusive funcionarios medios o de baja categoría.
El fenómeno de la corrupción no es nuevo, pero se diferencia de la del pasado, tanto por su cualidad como por su cantidad. Además, tiene una ventaja considerable: que ahora los funcionarios corruptos gozan de ciertas libertades para cometer sus delitos, como la garantía de que, en caso de ser descubiertos, tendrían la benevolencia de las autoridades judiciales y serían favorecidos por la falta de independencia judicial. En consecuencia, después de una purga benevolente de algunos meses, saldrán libres de las prisiones y seguirán gozando de las ganancias obtenidas por la comisión de sus delitos y, si es posible, volverán a transitar por el mismo camino.
El Órgano Ejecutivo presentó al Legislativo un proyecto de ley que si bien ha sido recibido por la bancada oficialista con silencio cómplice, es objeto de críticas por parte de los opositores, que a la iniciativa del gobierno le han dedicado acres comentarios y definiciones como medida “populista”, “recurso que resulta tardío”, que solo se atrapará a los funcionarios secundarios, no a los peces gordos que navegan en las aguas turbias de la corruptela de una burocracia de alrededor de 500 mil funcionarios, algunos de cuyos jefes cobran coimas millonarias que llegan hasta los 80 millones de bolivianos.
El gobierno actual desde su posesión hizo gala de declaraciones sobre moralismo y ofreció combatir a la corrupción con las “más drásticas medidas”, “caiga quien caiga”, “hasta llegar hasta las últimas consecuencias” y otras lindezas. Es más, dictó una serie de leyes con sanciones propias de la inquisición, etc., pero al final no pasaron de ser “saludos a la bandera”, como se dice en términos habituales y reprochables.
Sin embargo, lo más notable fue que cuantas más disposiciones eran dictadas, surgían más casos de corrupción y de dimensión elefantiásica. Las leyes contra el racismo, la discriminación, el narcotráfico y muchas otras tuvieron como efecto que esos males, en vez de desaparecer o, por lo menos, disminuir, proliferaron y se han convertido en el pan nuestro de cada día.
Esas contradicciones han campeado y no sería raro que, por tal situación, la ley contra la corrupción, que está en manos de los diputados, corra la misma suerte, es decir que, en vez de eliminar o frenar la epidemia de la corrupción, más bien ésta se multiplique y sus autores sean beneficiados con penas benevolentes y sigan gozando de lo mal habido, incurriendo en dispendiosos gastos de lujo y, en algunos casos, fugando al exterior, donde harán inversiones con el producto de sus habilidades burocráticas.
De ahí que las observaciones que hacen los diputados al proyecto de marras tienen algún asidero, por lo que dicha norma presentada por el oficialismo puede resultar de efecto contrario a las disposiciones “moralistas” que hasta ahora han sido emitidas.