La Asociación de Periodistas de Santa Cruz denunció negligencia policial y un intento de cerrar la investigación contra un agente antimotines que fue identificado como uno de los agresores del periodista Joel Orellana y su asistente, Miguel Ángel Rivero, el pasado 28 de diciembre de 2022.
“Argumentando ‘falta de notificación’, el Tribunal Disciplinario del Comando de la Policía de Santa Cruz pretende cerrar la investigación contra el policía Víctor Hugo Santelices, quien fuera identificado como uno de los agresores” del equipo de prensa de la red privada de televisión Unitel, durante los incidentes registrados luego de la detención del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, expresa el mensaje.
“Es increíble que la propia Policía no pueda ubicar a otro policía para notificarlo y pretende que nosotros los denunciantes lo hagamos”, dijo Raquel Guerrero, asesora legal de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, tras ser notificada con un memorial de la Dirección General de Investigación Interna (Didipi).
Las indagaciones de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz determinaron que Santelices era un agente policial que llegó desde otra ciudad para reforzar la seguridad del cuartel del Comando Departamental de la Policía, y a la conclusión de su misión retornó a su base.
La jurista considera que al estar vigente el ordenamiento constitucional sobre el mando único en la policía, cualquiera de sus efectivos puede ser localizado en su región de destino.
“Tanto Joel Orellana como Miguel Ángel Rivero han prestado sus declaraciones dando a conocer también que cuando eran sometidos a una especie de ‘calle de la amargura’ apareció un jefe policial y les pidió a sus camaradas que paren las agresiones, de modo que éste uniformado de alto rango se constituye en un testigo elemental que puede corroborar en la identificación y en la responsabilidad del agente Santelices”, señala el pronunciamiento.
Santelices también fue denunciado por el diputado de Comunidad Ciudadana, Jairo Guiteras, quien envió una carta al Comando Departamental de la Policía pidiendo se haga justicia y también se abrió una investigación en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen a la cabeza de la fiscal Célika Córdova Peredo, pero tampoco ha prosperado.
“Es falta de voluntad de esclarecer y castigar a los agresores”, dijo el abogado Roberto Méndez, expresidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz al explicar que en otros casos de agresiones a periodistas también las investigaciones han quedado en nada.
Ante la misma Dirección General de Investigación Interna (Didipi) se presentaron otras tres denuncias entre ellas la del periodista de la Red Periodismo Somos Todos, José Tarqui, quien recibió seis proyectiles o perdigones en su cuerpo disparados a quemarropa por agentes policiales, así como el caso del periodista Harold Salvatierra, cuyo auto fue quemado en las inmediaciones del Comando Departamental de la Policía.
Igualmente está el caso de omisión que fue denunciado por el periodista de la Red Unitel, Mario Rocabado, el 1 de noviembre del 2022, quien, cuando fue golpeado por grupos de choque afines al Movimiento al Socialismo y al sufrir dos fracturas, acudió ante una patrulla policial en busca de auxilio y un agente le dijo de manera peyorativa “vayan a botarlo atrás”, olvidando que la misión constitucional de la policía, es la defensa de la sociedad y la conservación del orden público”.
Méndez informó que esos hechos son de conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la que se ha presentado una lista de 52 casos de periodistas agredidos desde el 28 de octubre del 2021 hasta inicios del 2023 y por los cuales han abierto 14 procesos judiciales y otros cuatro disciplinarios, están aportando con pruebas digitales que les han solicitado.