Para ver si los aumentos de la producción agregada de bienes y servicios ayudan a mejorar los niveles de bienestar de los habitantes de un país, conviene examinar la tasa de variación del producto interior bruto per cápita, definido como el cociente entre el PIB y la población total de un país (PIB/población total).
En el caso de Bolivia, en 2019, el PIB per cápita medido en dólares constantes (de 1990) valía US$ 3.243. En 2020, año de la crisis del coronavirus y confinamiento, el PIB per cápita cayó bruscamente hasta US$ 2.920 (véase Banco Mundial). Con esta disminución, también disminuyeron los niveles de consumo y bienestar, y aumentaron los niveles de pobreza de los ciudadanos.
En los años 2021 y 2022, el crecimiento del PIB agregado fue 6,1% y 3,5%, respectivamente (véase INE); sin embargo, este crecimiento no ha sido suficiente para retornar a los valores de PIB per cápita pre-coronavirus, pues como el crecimiento anual de la población boliviana es 1,4% (véase INE), realmente los niveles del PIB per cápita en 2021 y 2022, crecieron aproximadamente en 5% y 2%, correspondientemente. Con esas tasas de variación, la renta por habitante fue U$S 3.062 en 2021 y US$ 3.118 en 2022, rentas inferiores a la alcanzada en 2019 (véase Banco Mundial).
Las cifras mostradas arriba indican que el crecimiento de los últimos años de la economía boliviana es endeble e insuficiente para retornar a los niveles anteriores a la crisis del coronavirus y, peor aún, es demasiado pequeño para conseguir que Bolivia deje de ser la última economía de Sudamérica, tanto en niveles de renta per cápita – Uruguay (US$ 18.214), Argentina (US$ 12.932), Brasil (US$ 8.831), Perú (US$ 6.555) y Paraguay (US$ 6.139)–, como en índices de desarrollo humano: Bolivia y Venezuela son los únicos países de Sudamérica que tienen un desarrollo humano medio, mientras que el resto tienen niveles de desarrollo alto o muy alto– (véase PNUD).
De hecho, para que Bolivia pueda alcanzar los PIB per cápita de economías como Brasil y Uruguay (suponiendo que estas economías no crecen), con la tasa de crecimiento actual del PIB (3,5%), tendrían que transcurrir 53 y 89 años, respectivamente. Si Bolivia quiere reducir ese tiempo a menos de la mitad, el PIB agregado debería crecer anualmente con una tasa cercana al 6%.
Si Bolivia pretende dinamizar su economía y crecer con tasas que le permitan mejorar sustancialmente sus niveles de vida, debería, por un lado, contar con un modelo económico soberano, que no sea dependiente de la deuda externa ni de las exportaciones de materias primas, que no centre su crecimiento exclusivamente en elevados e ineficientes proyectos de inversión pública, que no fomente el mercado de trabajo informal, y que no ponga freno al crecimiento de la productividad; por otro lado, debería tener un Gobierno que no naturalice su convivencia con la corrupción, clientelismo y nepotismo; que no divida y polarice a la ciudadanía; y que sea capaz de aplicar políticas de cohesión social, pacificando y uniendo a la población con un sentido de identidad nacional.
Desafortunadamente, hoy Bolivia no cuenta con un Gobierno que tenga el talento de elaborar una política económica de largo plazo que permita mejorar el bienestar de los habitantes (las tasas de crecimiento de la economía son muy bajas para ese cometido); ni mucho menos tiene una administración que tenga la voluntad de dejar de convivir con unos niveles de corrupción alarmantes: entre 2020 y 2022 los niveles de corrupción empeoraron: el índice de percepción para detener la corrupción llevó al país del puesto 124 al 126 (véase Transparencia Internacional). Ante esta realidad es muy difícil ser optimistas sobre el futuro de la nación, solo cabe esperar que se abra un nuevo escenario para la llegada de nuevos actores políticos, que sean honestos y que tengan el propósito real de poner a Bolivia en el lugar que se merece.
Fernando E. Torrejón Flores, Dr. en Economía y profesor de Economía Aplicada.