Pobladores de Mapiri piden el retiro de empresa minera

Tras un Cabildo, los pobladores del municipio de Mapiri, en el norte de La Paz, acordaron reconocer a la zona de Cañopampa donde se explota oro, como parte de la Organización Territorial Boliviana (OTB) y evitar conflictos por controlar la actividad minera. Además, se definió impulsar la reversión de las concesiones de la cooperativa chilena “La Deseada”.
“Se ha llegado a la conclusión de que se va a reconocer a la zona 6, de Cañopampa. Mapiri es un distrito que está formado por siete zonas y la zona seis no estaba reconocida por la OTB. Se ha llegado a ese acuerdo y que de esa forma paren los conflictos entre la población”, informó el secretario general de la OTB Mapiri, Rudy Salcedo, a la ANF.
El viernes se llevó a cabo un Cabildo en esa región para asumir medidas de presión, debido a los constantes amedrentamientos por parte de trabajadores y comunarios de la mina “La Deseada”.
La semana pasada se registró un nuevo conflicto entre los comunarios por la extracción de oro. El problema se produjo el miércoles en la zona de Cañopampa cuando un grupo de personas trató de ingresar a la concesión minera para reclamar por el daño ambiental, luego de constatarse que en la parte baja del río Merke había maquinaria pesada que estaba desviando su cauce.
Salcedo acusó a Joel P. y Marcela G., de nacionalidad chilena y propietarios de la empresa minera, como los responsables de contratar a grupos delincuenciales para amedrentar a los pobladores y causar enfrentamientos.
En ese sentido, el dirigente de la junta de vecinos de Mapiri, Ubaldo Torres, explicó que el desvío del río por parte de la empresa causó la molestia de los comunarios, además de los obstáculos que se pusieron en el camino de ingreso a ese sector.
Por otra parte, Salcedo indicó que otra de las conclusiones del Cabildo es que se continúe con los trámites para revertir la concesión de la empresa minera, con el objetivo de evitar más problemas entre ellos; también lamentó que no tengan respuesta de las autoridades competentes.
Con relación a ese conflicto, el alcalde del municipio, Alfredo Apaza, denunció la falta de atención por parte de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), para evitar el asentamiento ilegal de cooperativas auríferas.
“Esperemos que no pase a mayores este conflicto, sino va a ser la responsabilidad de la Ajam porque no puede tomar acciones, se ha ido a notificar a las personas que se dedican a la explotación de oro, pero no hay resultados. Están trabajando dentro de la mancha urbana y la AJAM no hace nada para evitar que se extienda la explotación ilegal”, afirmó la autoridad municipal a este medio. (ANF).