Preocupado por la actual situación del país, principalmente en el aspecto económico, el abogado constitucionalista, José Carlos Sánchez Verazaín, remitió una carta al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, en la que plantea aplicar una reducción de gravámenes arancelarios, medida que permitiría atacar al contrabando y garantizar la seguridad jurídica para importadores.
En declaraciones a este medio, Sánchez expresó su preocupación por el estado de la economía nacional y las peligrosas consecuencias a las que está expuesta la población en caso de no aplicarse medidas efectivas que coadyuven a salir de la crisis.
“La coyuntura no está bien y no queremos que nuestro país se hunda. Sin importar el color político ni quien esté en el poder, tenemos que contribuir desde donde estemos. No basta hablar y criticar desde afuera, hay que aportar desde donde podamos”, indicó.
Ante una evidente desaceleración y la prolongada falta de dólares, Sánchez identificó falencias en la gestión de riesgos y pérdidas de las que son objeto las importaciones formales, esto por la aplicación de gravámenes aduaneros que fluctúan entre el 0% y el 40% del producto importado.
En criterio del jurista, a esto deben sumarse “innumerables fiscalizaciones” que generan incertidumbre en importadores y gastos excesivos en términos operativos para el Estado. Esto, en muchas ocasiones, obliga a que se opte por la informalidad, con el daño que esto representa para los ingresos del país.
LA PROPUESTA
Esta semana, el jurista cochabambino se hizo presente en la Sede de Gobierno, para hacer entrega de su propuesta al Órgano Ejecutivo, en ella, plantea contar con un gravamen aduanero único que además permita reducir la fiscalización efectuada por la Aduana, “respetuosamente solicito que vía el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de conformidad al Art. 299 del D.S. 25870 de 11/08/2000, en concordancia con el Art. 298 parágrafo I núm. 4 y 5 de la C.P.E. se disponga la unificación del gravamen aduanero a un 10% para todos productos y se otorgue 2 años de exención de pago de G.A. e I.C.E. para vehículos del servicio público”, señala parte del documento remitido al Primer Mandatario.
LOS BENEFICIOS
Sánchez aseguró que la aplicación de esta medida, lograría una mayor certidumbre en los operadores de comercio internacional con relación al costo de sus productos (seguridad jurídica), además de disminuir significativamente la carga laboral de Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria (según estudios independientes, un 75% del total de recursos de impugnación corresponden a la Aduana Nacional). “Evitaríamos fiscalizaciones tediosas y errores en los despachadores de aduanas que generan multas”, afirmó.
Así mismo, la propuesta busca que al plantearse un “gravamen arancelario único”, el contrabando tienda a disminuir y se fomente la formalización de las importaciones.
“Precisamente uno de los pilares de esta iniciativa es lograr disminuir el contrabando”, destacó.
LA PROBLEMÁTICA
DEL TRANSPORTE
Tras los recientes hechos de tránsito registrados en distintos puntos del país, en los que se tuvo que lamentar la pérdida de vidas humanas a causa de la irresponsabilidad, pero fundamentalmente por la antigüedad de varias unidades de transporte público, Sánchez destacó que con su propuesta se lograría que casas importadoras de vehículos, mediante una exención de dos años en el pago del Gravamen Arancelario y el Impuesto al Consumo Específico, puedan gestionar “créditos directos” para personas interesadas en adquirir motorizados nuevos con tasas de interés preferenciales.
“Con esta propuesta vamos a hacer que los carros para el servicio público bajen de precio y sean más accesibles”, enfatizó.
DEBER CIUDADANO
Señalando que su propuesta responde a su deber como ciudadano boliviano y el sincero deseo de mejores días para el país, finalizó sosteniendo que el objeto de su iniciativa “es que los compatriotas bolivianos tengan un mejor nivel de vida y se pueda ayudar a los distintos sectores”.
José Carlos Sánchez Verazaín, destacado jurista cochabambino, trabajó en prestigiosas firmas de abogados antes de independizarse profesionalmente para enfocar sus actividades en el campo del Derecho Constitucional. Anteriormente formó parte de iniciativas como “Moviendo Bolivia” y en la actualidad es parte activa del Movimiento Tercer Sistema (MTS).
