El Mercurio de Chile dedicó media página de su edición de sábado al tema de asfixia financiera a diarios independientes de Bolivia, con entrevistas al presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia, Jorge Carrasco Guzmán y la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes.
El periodista Jean Palou Egoaguirre describe la situación de los medios impresos independientes que sufren una asfixia económica del Gobierno, además de forzadas auditorías fiscales que ya lograron el cierre del segundo medio impreso de Bolivia.
El 29 de junio de 2023, el periódico Página Siete anunció su cierre y se constituyó en el segundo medio impreso boliviano que cesa actividades en un gobierno de izquierda. En enero de 2016, también cerró actividades el diario La Prensa como efecto de políticas gubernamentales que terminaron asfixiando a los dos medios identificados con el periodismo independiente.
“El partido de Gobierno bloqueó sistemáticamente la pauta publicitaria para el periódico, pese a que ella se financia con recursos de todos los bolivianos. Incluso presionó a empresas privadas del sistema financiero para que no publiquen sus avisos en Página Siete”, escribió el presidente del Directorio de Página Siete, Raúl Garáfulic, en un mensaje a sus lectores titulado Fin del camino.
La descripción de dificultades que realizó el ejecutivo del medio impreso es similar a la situación de los diarios independientes que sobreviven a la asfixia económica impuesta en los períodos gubernamentales de 2006 a 2019, y desde noviembre de 2020 hasta el presente.
ARREMETIDA DE
LOS GOBIERNOS
En entrevista con El Mercurio, el presidente de la ANP, Jorge Carrasco Guzmán, dijo que el cierre de Página Siete es la consecuencia de la arremetida de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) contra la libertad de expresión y la prensa independiente.
“Durante los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y de Luis Arce (actual) se aplicó un esquema de asfixia financiera orientado a silenciar el trabajo periodístico independiente, y el cierre del diario Página Siete es consecuencia de ese cerco financiero”, dijo a El Mercurio Jorge Carrasco Guzmán, presidente de la ANP, que representa a los principales diarios, periódicos y medios de comunicación escritos de Bolivia.
Según Carrasco, son múltiples los mecanismos de presión económica a los medios críticos de la gestión oficialista.
“El gobierno de Morales aplicó por 10 años la difusión de avisos de interés social de manera gratuita y con ello provocó millonarias pérdidas, debido a que cada diario debía aportar hasta nueve páginas por mes”, ejemplifica. “Además de realizar permanente fiscalización con entidades recaudadoras, el Gobierno amedrenta a los anunciadores privados que publican avisos en los medios escritos y con ello se resta ingresos a diarios que sobreviven haciendo una economía de emergencia”, agrega el directivo.
AUTOCENSURA
Carrasco advirtió además que Bolivia está ingresando a la autocensura, no solo de medios de comunicación sino también de líderes de opinión.
“La autocensura se va imponiendo ante la permanente amenaza y las presiones gubernamentales, y lentamente van callando no solo diarios, también a líderes de opinión”, resume Carrasco.
La presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, en entrevista con El Mercurio, apuntó que la violencia contra periodistas también va en aumento, lo que concluye con autocensura.
“Yo creo que Arce ha continuado las lógicas de Evo Morales, y en algunos casos la situación ha empeorado, porque en su Gobierno se ha registrado una escalada de la violencia contra los periodistas”, dijo Alanes, además menciona que en 2022 se registraron 202 casos de vulneración contra la libertad de prensa, el 40% de ellos por hechos de violencia.
“Esto indudablemente afecta el despliegue y el trabajo periodístico, porque la violencia deriva en autocensura y en miedo”, dijo.
ACOSO A MEDIOS
Alanes relató al periodista chileno que hay una acción deliberada del Gobierno de asfixia económica para neutralizar a los medios independientes, porque en Bolivia no hay muchas fuentes de publicidad para el sostenimiento de los medios de comunicación.
“Se ha actuado con presiones a esas pocas fuentes privadas; se han suspendido varios contratos de auspicio publicitario por presiones del Gobierno”, dijo.
Según Alanes, no se trata solo de un acoso a los medios incómodos, sino que también hay acciones contra los periodistas que destapan escándalos. “Ya desde el gobierno de Morales se ha desatado una campaña paralela de desprestigio contra periodistas que son líderes de opinión en Bolivia. Hay un hostigamiento directo y sistemático a los periodistas”, denunció la líder gremial a El Mercurio.
Mencionó iniciativas impulsadas desde el oficialismo como el llamado “cartel de la mentira”, una embestida del exministro de la Presidencia Ramón Quintana contra un grupo de medios críticos del gobierno —entre ellos, la Agencia de Noticias Fides y los periódicos El Deber, Página Siete y Erbol—, y la creación de los denominados “guerreros digitales”, una cuadrilla de trolls que con cuentas falsas difunden desinformación en redes sociales para erosionar la credibilidad de informadores.
Otro mecanismo utilizado por el MAS, que denunció en su libro “Control remoto” el periodista Raúl Peñaranda, ha sido la compra de medios a través de intermediarios, como ocurrió con La Razón y los canales de televisión ATB y PAT, en los cuales —apunta Alanes— el Gobierno ha impuesto la lógica de “pan y circo”, con foco en el entretenimiento y poco énfasis en el periodismo.
En el ecosistema radial, en tanto, mientras emisoras históricas como Radio Yungas han desaparecido por problemas económicos, el Gobierno prioriza inversiones en radios comunitarias “que son, en realidad, satélites desde donde desarrolla políticas de adoctrinamiento y de propaganda”, comenta la presidenta de la ANPB.
MEDIOS ESTATALES
Por otro lado, para este 2023, el Gobierno destinó Bs 91.770,190 para el funcionamiento de cuatro medios de comunicación estatales; en comparación con el 2022 los recursos económicos se incrementaron en Bs 12.115.729, según el Presupuesto General del Estado (PGE).
En la oportunidad, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes cuestionó el papel de los medios estatales porque son usados por el Gobierno para hacer campaña y atacar a los opositores, además de desinformar a la población sobre lo que ocurrió en noviembre de 2019 y la situación del país.
“Esa es parte de la estrategia del presidente Luis Arce, gastan más recursos en el Viceministerio de Comunicación que en la propia justicia. Lo que ellos pretenden es hacer campaña a través de estos medios de comunicación para desinformar a los bolivianos. Incluso hacen campaña sucia”, afirmó.
El 3 de agosto de 2022, el portal Brújula Digital publicó un estudio sobre cómo el gobierno del presidente Luis Arce distribuye de manera desproporcionada la pauta publicitaria estatal en relación a medios independientes.
El análisis que hizo Brújula Digital comprende el período desde la posesión de Arce, en noviembre de 2020, hasta el mes de julio de 2022, haciendo un análisis de los contratos que se publican en la página del Sicoes.
Se informó que los medios con más publicidad estatal son los canales ATB y Abya Yala, con más de un millón de bolivianos en promedio al mes. Esa cifra no toma en cuenta otros contratos con empresas estatales, entidades autárquicas, etc., y solamente incluye los que entrega el Viceministerio de Comunicación.
En sentido contrario, numerosos medios obtienen contratos de publicidad por montos muy reducidos o simplemente están marginados de esas campañas.
Entre los que están completamente al margen de las campañas estatales se encuentran Página Siete (cerrada), Los Tiempos, El Diario y ANF. Portales digitales como Brújula Digital o Cabildeo tampoco han firmado contratos con el Estado.