Con 84 años de edad y un cáncer de mama que se reactivó tras una década, Amparo Carvajal, lidia una dura batalla por recuperar la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), tomada el 2 de junio por el cabecilla de la instancia paralela y oficialista, Edgar Salazar. Desde la noche del martes, grupos de choque del Movimiento al Socialismo (MAS) la asedian ante la mirada pasiva de un contingente policial.
“No voy a salir de aquí, la Policía no tiene que estar adentro, porque esta casa es privada, está escrito en el boletín oficial del Estado, para donación no a mí, a la Asamblea. (…) Me decían estás pasando 40 días en vigilia porque quieres, yo decía no porque quiero, sino por los derechos humanos”, dijo la octogenaria activista.
Por otro lado, el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Javier Quisbert, denunció ayer que Carvajal, es víctima de una forma de tortura por parte de personas que tienen tomada esa sede desde el 2 de junio de 2023.
El martes 11 de julio de 2023, después de 40 días de vigilia instalada en el callejón posterior al inmueble que está ocupado por militantes del partido gobernante, Carvajal logró ingresar a una terraza de la Apdhb, donde durmió sobre el piso con algunas cobijas, pese a las inclemencias del tiempo, según Quisbert.
“Anoche la han torturado con unos parlantes que pusieron a tres metros de ella, mediante las cuales le lanzaban estribillos hirientes, diciéndole que su celda estaba lista y amenazándola de muerte”, denunció Quisbert.
El representante de derechos humanos indicó a radio Panamericana que Carvajal permanecerá en el lugar, pese a su avanzada edad y a su estado de salud. Acotó que le suministran pastillas recetadas para paliar sus dolencias, pese a la vigilancia policial que tiene la orden de “no dejar pasar a nadie”.
“Los que se dicen defensores de derechos humanos y están metidos ahí adentro estaban amenazando de muerte a la Presidenta de la Apdhb. Esta es la calidad de personas que están ahí adentro y que nos muestra además que son operadores del Gobierno”, afirmó Quisbert.
A su turno, el viceministro de Régimen Interior, Roberto Ríos, dijo que ni las autoridades ni el Gobierno se pueden inmiscuir en este conflicto, ya que tiene carácter “privado” y que debe ser solucionado entre los dos grupos que asumen la representación de la Apdhb, con base en sus estatutos internos.