Uno de los principios del Derecho Penal y seguramente como política de lucha contra el delito, en todos los ordenamientos jurídicos penales de los países, es el que establece como norma en la materia, la obligación del individuo que conoce de la comisión de un delito, de denunciar el mismo a las autoridades, en caso contrario se hace cómplice del hecho delictivo.
Extrañamente en nuestro país en este tiempo, se dan muchos casos en los que los denunciantes de delitos, en especial cometidos por individuos vinculados al poder político, acaban perseguidos judicialmente y encarcelados. Es decir, una especie de prevención dice: no denuncies a los funcionarios y gente de gobierno, que comete actos delictivos o serás condenado, en una suerte de “impunidad” para los oficialistas.
El caso más repudiable ha sido el de un funcionario de una institución gubernamental (FONDIOC) encargada de proveer de recursos a proyectos del área rural-indígena, que denunció la entrega de elevados montos de dinero fiscal, alrededor de un centenar de millones de dólares, a gente vinculada a organizaciones sociales indígenas, que obtenían los mismos sin llenar los mínimos requisitos para obtenerlos. El denunciante acabó con cerca de un centenar de procesos judiciales en todo el país, durante años, hasta perder la vida, sin que los responsables de semejante atentado a los derechos humanos, hubieran sido investigados. La principal responsable que presidía ese Fondo, goza de libertad con arresto domiciliario, pero viaja periódicamente en avión.
Un caso reciente ha sido el del interventor a una entidad bancaria privada, quien, según se dice, habría encontrado indicios de responsabilidad en gente vinculada al poder político y económico, lo que lo habría llevado a quietarse la vida, o haber sido “suicidado”, como sucedió con el fiscal que día antes de dar a conocer los resultados de su investigación sobre la presidente de la Argentina de ese tiempo, apareció extrañamente “suicidado”. Los estudios de criminología aplicada a la siquis, nos enseñan que el “suicida”, con antelación prepara su mente para ese acto anti-natura (la conservación de la vida, es de instinto) y cambia notoriamente su conducta habitual, Sólo en casos extremos, puede un individuo quitarse la vida, como cuando quita la vida a un ser querido, o entra en un cuadro grave de arrebato, que le nubla la razón. Si el interventor se sentía agobiado por sus investigaciones, podía haber renunciado.
También entre muchos otros casos, está la denuncia de un diputado oficialista, sobre la entrega de una considerable suma de dinero a unos funcionarios de la Agencia Boliviana de Carreteras (ABC), por la contratación de una empresa china para la construcción de una carretera. El principal testigo “protegido” tuvo que huir al ser amenazado públicamente por el Ministro de Justicia de ser enjuiciado y perdió la vida en otro país. Extrañamente, hace poco fueron librados de toda culpa los presuntos autores, por jueces y fiscales, con el falaz argumento de que habían devuelto el monto recibido como “adelanto”, cuando sabemos que los protocolos de contratación de obras públicas, se efectúan todas a través de documentos, cheques en cuenta corriente oficial, etc.
Los asambleístas del oficialismo, con libreto repetitivo dicen ante los medios: que demuestren, que prueben, cuando se habla de la corrupción en las esferas oficiales. Cuando todos sabemos que el que recibe dineros por cohecho, no da recibos ni facturas, y si aparecen audios, estos son tachados de “montaje o adulteración”, lo que nos lleva a una grave situación de impunidad y anomia, que es resultado de un aparato de justicia dependiente del poder político y no ajustado a la ley y la razón jurídica.
Este lamentable cuadro que comentamos, es parte del esquema de políticas de gobierno del régimen populista, que hace más de tres lustros nos gobierna, inspirado en los regímenes de “mano dura” a los que está asociado, pues el mundo sigue dividido entre naciones gobernadas dentro del sistema democrático, con sus luces y sombras; y las dictaduras y “dictablandas”, pero dictaduras al fin, que violan los derechos y libertades de los individuos, por razones ideológicas, religiosas (la dictadura de ayatolas), étnico-raciales o simplemente para el goce y disfrute del poder de grupos de individuos aduladores de un causal caudillo.
La lucha por las libertades y derechos de los individuos, sigue vigente desde hace milenios, y hoy en la era del conocimiento, seguimos padeciendo en muchas partes del mundo, de restricciones a las libertades, de pobreza e ignorancia de las masas, que viven al nivel de subsistencia. Basta con echar una mirada a las calles céntricas de las urbes latinoamericanas, donde subsisten miles de individuos que están en la denominada “actividad informal”.
El ultra capitalismo y el socialismo comunista, no han resuelto los agobiantes problemas de la sociedad humana: hambre, pobreza, desempleo y sus secuelas sociales, aun en este tiempo de grandes avances tecnológicos, lo que nos lleva a reformular el pensamiento humano, precisamente para atender esas demandas históricas, agravadas por el deterioro del medio natural en el que vivimos, lo que podría dar fin a la civilización humana.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente de educación superior.