Drama de una mujer e indiferencia oficial

Hace casi dos meses que la Defensora de Derechos Humanos fue desalojada de sus oficinas por un grupo de personas y pese a diversas gestiones, esas dependencias no le fueron devueltas para que continúe con la tarea humanitaria que le corresponde. La señora Amparo Carvajal recurrió, entonces, a diversos recursos legales y aun a procedimientos de hecho, como ocupar la terraza del local de Derechos Humanos, y alojarse ahí, a la intemperie y soportando el frío invernal en espera de que se le haga justicia.
Sin embargo, la dama solo recibió la indiferencia de los mecanismos del Estado, que están obligados a defender la vida de los ciudadanos. Este drama empezó a extenderse a nivel nacional e internacional, causando el desprestigio del Estado Plurinacional, ya que la protagonista de este episodio es defensora de los Derechos Humanos y su salud peligra por su avanzada edad.
Al respecto, la opinión pública observa con preocupación que los aparatos del Estado guardan silencio sepulcral acerca de este asunto, adoptando una actitud liberal de “dejar hacer y dejar pasar”, aunque esta situación dramática es motivo de atención por parte de organismos internacionales.
Esa actitud estatal tiene características de pragmatismo a ultranza, política que ya se observó en muchos casos, pero que es perjudicial para el país, que es considerado, por ese motivo, como ultraliberal, pese a que sus prácticas partidarias muestran lo contrario. Por ese pragmatismo, al oficialismo solo le interesa su sobrevivencia y sacar provecho de la crisis, de tal forma de no hacer aguas por todos lados y poner en peligro su prestigio. Esa actitud revela que importa más obtener beneficios y satisfacer intereses subjetivos, dando importancia a asuntos de menor cuantía y dejando de lado los de verdadera urgencia.
Lo cierto es que la señora Carvajal tiene sus motivos, lógicos y legales, para disponer de lo que pertenece a la institución que dirige y a la vez recibir las garantías que le ofrece la Constitución Política y, al mismo tiempo, adoptar las medidas del caso para frenar a las personas que no tienen noción del Derecho y atropellan al orden social. Por ello, el mencionado atropello ya es insoportable para la ciudadanía que quiere justicia y puede convertirse en la gota de agua que colme el vaso de la paciencia.
Para hacer más difícil esta crisis en materia de derechos humanos, es oportuno hacer notar que la indiferencia oficial no está tomando en cuenta que un incidente violento como el que comentamos, puede derivar en una turbulencia interna. También es un acto de desprestigio para el país y más que todo para el Estado Plurinacional que, al dejar de atender un asunto tan sensible, podría ser considerado como protector de un atentado contra la Carta de Derechos Humanos, actitud a ser tomada en cuenta por organismos internacionales, como ya se está observando. En consecuencia, el problema se está convirtiendo en una infección local que puede convertirse en una septicemia mortal, por decir lo menos.