Diputados piden que Defensoría inicie acciones contra contaminación minera

Preocupados por la contaminación minera que en la actualidad afecta a los pueblos indígenas, sobre todo en la Amazonía boliviana, desde el Comité de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados se remitió una nota a la Defensoría del Pueblo, para que esta instancia inicie acciones que frenen el descontrolado extractivismo en la zona y proteger a los pueblos: Esse Ejja, T´siman, Leco, Moseten, Cavineño y Tacana.
La diputada por la agrupación Creemos, María René Álvarez, como Secretaria de este Comité, junto a las diputadas Zulay Mamani y Janira Román, remitió una carta al titular en la Defensoría del Pueblo, Pedro Callisaya, con el pedido de que se active una Acción Popular, para proteger a los pueblos indígenas que habitan esta zona.
Reiterando que los derechos de los pueblos Esse Ejja, T´siman, Lecos, Mosetene, Cavineño y Tacanas, actualmente se encuentran en estado de vulnerabilidad por la contaminación que genera la actividad de las empresas mineras auríferas, sobre todo con el uso indiscriminado de mercurio, solicitaron que desde el ente defensorial se asuman acciones urgentes para garantizar su salud.
La nota solicita Callisaya “interponga una Acción Popular por parte de la Defensoría del Pueblo contra los directos e indirectos responsables por la grave afectación, así como la omisión y negligencia por parte del Estado, con el objeto de frenar la contaminación directa por mercurio hacia los pueblos indígenas ante el atentado hacia la salud y el medio ambiente”.
Asimismo, recordaron que desde la Defensoría se emitió el Informe de “Estado de Implementación y Cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el Mercurio”, publicado el pasado 8 de abril de 2022, estableciendo que el Estado debe cumplir con 26 obligaciones específicas en torno a la reducción del uso del mercurio en la actividad minera, por ser este un elemento altamente nocivo para la salud de los pobladores de áreas cercanas a los sitios de explotación aurífera.
Bolivia suscribió el Convenio de Minamata mediante Ley N° 759 del 18 de noviembre de 2015.
La solicitud surge luego de conocerse el informe de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), que tomó muestras de 302 pobladores de las comunidades indígenas Ese Ejjas, Tsimanes, Mosetenes, Leco, Uchupiamona y Tacana, en quienes se evidenció niveles altos de mercurio, por encima de los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Comité de Medio Ambiente remitió desde la pasada gestión, tres Peticiones de Informe Escrito y una minuta de comunicación a los ministerios de Medio Ambiente y Aguas, Minería y Metalurgia y de Salud y Deportes, sin recibir respuesta.