En los años 70 se organizó en nuestro país, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) por alguna gente de la Iglesia Católica, evangélica y gente demócrata, con la finalidad de tener una organización que defienda los Derechos Humanos, que en los gobiernos de corte castrense, no eran respetados. Los perseguidos en ese tiempo eran especialmente los militantes de corrientes políticas de izquierda, y hasta ese tiempo los Derechos Humanos, nacidos de las declaraciones de la Revolución francesa en 1789 y de las Naciones Unidas en 1948, eran prácticamente ignorados.
Hace unas dos décadas, en las reformas a la Constitución Política del Estado, se incorporó una nueva organización, la Defensoría del Pueblo, inspirada en una organización europea de ese tipo, con la misión de defender a los individuos de los atropellos del poder del Estado. Esta institución por principio y lógica elemental, tiene que estar a cargo de una persona totalmente independiente, de cualquier influencia política partidaria y menos del gobierno, pues precisamente tiene que defender a los ciudadanos del Estado. Pero en nuestro medio, en los 16 años de gobierno del régimen populista de izquierda, los defensores han sido nombrados en la Asamblea legislativa, por la mayoría oficialista. Es decir, gente vinculada al régimen, salvo alguna excepción, como el defensor Villena, que se alejó de la influencia oficialista.
Los Derechos Humanos son normas de carácter universal, que protegen en todo el mundo, a los individuos de cualquier nacionalidad, sexo, creencia religiosa o política, etc., por ser humanos. Por ello son normas de carácter internacional y los gobiernos tienen la obligación de respetar y hacer respetar estos derechos, que acompañan al individuos como la sombra al cuerpo, son imprescriptibles y las sanciones por su incumplimiento, además de las jurisdicciones nacionales, pueden ser impuestas por tribunales internacionales.
En los países atrasados, una de sus características es el uso y abuso del poder que hacen los gobernantes, generalmente adoptando posturas autoritarias y sometiendo a sus pueblos, a la voluntad del dictadorzuelo y, por supuesto, atropellando los Derechos Humanos de los individuos, pues los frenos y contrapesos democráticos no existen y los órganos de poder son totalmente controlados y al servicio del régimen, en especial la justicia que, lejos de ser una instancia de defensa de derechos, es convertida en una de atropello a los mismos.
La APDH es una organización no gubernamental que la dirigen ciudadanos de la sociedad civil, y en su larga trayectoria, ha defendido a “unos y otros” que, en diferentes gobiernos, sufrieron agresiones del poder político. En algún tiempo, cuando gobernaban corrientes conservadoras, fueron tachados de ser “izquierdos humanos”, pues al defender a alguna gente de esa ideología, les endilgaron esa corriente ideológica. Ahora que estamos, por el contrario, gobernados por largo tiempo por un régimen de corte populista de izquierda, alguna gente del gobierno, ataca a su presidente por, supuestamente, ser afín a los no socialistas.
Hace más de un mes, un grupo de gente movida por un supuesto dirigente de una Asamblea paralela, que no tiene legitimidad, pues no ha sido nombrado de acuerdo con sus normas y está al servicio del régimen, asaltó la sede de la Asamblea, echando por la fuerza a sus ocupantes, con protección policial. Esto determinó que la presidente legítima de esa institución, la señora Amparo Carvajal y activistas de los Derechos Humanos, se instalen en las puertas del local de la Asamblea en vigilia. Y luego la presidente se instaló en la terraza del inmueble, pese a sus 84 años de edad y el frío invierno. Un juez probo, determinó que el individuo responsable de la ocupación ilegal y violenta, cese sus actos de hostigamiento a la señora Carvajal, pues sus seguidores que se atrincheraron en las oficinas de la sede tomada, atentaban contra la presidente que se instaló en la terraza de ese predio, sin que las autoridades policiales, hagan cumplir lo determinado por el juez, lo que ratificó la complicidad de las autoridades en los actos delictivos.
La opinión pública se ha solidarizado con la señora Carvajal y repudiado la acción violenta de los individuos al servicio del gobierno que, siguiendo el ejemplo del régimen cubano, no pueden permitir organizaciones, ni individuos que critiquen los excesos de poder del gobierno, que pretende controlar todo lo público y privado, más aún un organismo que defienda los Derechos Humanos.
La señora Carvajal se ha constituido por su valentía, en un referente de defensa de derechos, de la democracia y la justicia, su resistencia pacífica la ennoblece, y los que asaltaron la sede, además de haber cometido una serie de delitos que, por supuesto, quedarán impunes, lo menos que pueden ser es defensores de Derechos Humanos.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.