Claudia Verónica Araujo Caviedes
Para el nacimiento de la República de Bolivia en 1825, la participación en la educación estuvo restringida a los sectores sociales de la clase dominante y privilegiada. Con el paso de los años y los diferentes gobiernos que son parte de nuestra historia, esta situación ha ido cambiando. Para un mejor entendimiento, la participación social en la educación de nuestro país se la puede estudiar en dos etapas: antes y después de la promulgación de la Ley de Educación N° 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez. Haremos una síntesis de lo más relevante de la primera etapa.
A finales de 1825, Simón Rodríguez elaboró el “Proyecto de educación popular”, el cual propuso un espacio para generar conciencia y ciudadanía, tomaba en cuenta la incorporación de los niños pobres de ambos sexos, promovía la ocupación de los padres de los niños recogidos para el trabajo y planteaba instruir y concienciar sobre el trabajo creador, entre otros. Lamentablemente, esta iniciativa quedó pendiente, pues no fue bien acogida por los sectores minoritarios detentadores del poder, siendo así que, la misma Constitución Política del Estado de 1826, escrita por Bolívar y promulgada por Sucre, era excluyente, ya que diferenciaba dos tipos de personas: “los bolivianos y los ciudadanos”, éstos últimos con más derechos que los primeros (Art. 11-19).
Para el año 1903, la Reforma Liberal, en cuanto a lo referido a la educación indígena, proponía la creación de institutos normales y agrícolas, uno para quechuas y otro para aymaras, además de posibilidades de fundar escuelas por iniciativa propia de los indígenas.
En 1931 se crea la Escuela indigenal de Warisata, la cual entre sus principios fundamentales señalaba practicar la ayuda mutua y cooperativa, consolidar la participación comunitaria en la dirección de la escuela a través del parlamento amawta y la promoción de la vinculación de la escuela con la comunidad para fortalecer el aprender produciendo.
Después de la Revolución Nacional de 1952, se manifestó la primera experiencia de participación en la educación con la universalización de la misma. Para 1955, se promulgó el Código de la Educación, el cual amplió el acceso de los servicios educativos a grandes sectores de la sociedad, como las comunidades indígenas, las mujeres y poblaciones marginales de las ciudades. Esta ley posibilitó que la población se involucre en las tareas escolares, aunque de manera muy limitada, como la prestación de servicios a los maestros y autoridades educativas locales, asimismo, son creadas las juntas de auxilio escolar, vigentes hasta la reforma educativa de 1995.
Es importante resaltar que estas juntas de auxilio se convirtieron en “servilistas”; es decir, los dirigentes de las juntas proporcionaban obligatoriamente alimentos, vivienda y otras prestaciones a los maestros.
A partir de 1980 las organizaciones sociales demandaban a las autoridades del Estado nuevas formas de participación social para superar las trabas del pasado. En 1989 surge el “Proyecto educativo de los pueblos originarios con un enfoque intercultural y bilingüe”. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia buscó mejorar el acceso escolar y garantizar la permanencia de los estudiantes, al menos hasta el ciclo primario. Se exigieron serias campañas de alfabetización con enfoque intercultural y bilingüe, organizando diversos eventos educativos con amplia participación social de organizaciones de trabajadores, campesinos, pueblos indígenas, maestros, padres, madres y autoridades educativas.
La Reforma Educativa N° 1.565 del 7 de julio de 1994, sustituyó las juntas de auxilio escolar por las juntas escolares, se dio mayor cobertura a los padres y madres de familia para involucrarse en la gestión escolar. Permitieron que no sólo participen en los trabajos comunales vinculados a la escuela o en atender las demandas de los maestros y autoridades, sino que ahora tienen derecho a opinar y participar en la toma de decisiones relativas a los asuntos de la escuela y la educación de sus hijos.
La Ley N° 1.565 estableció que una de las finalidades de la participación social era la mejora de la calidad educativa, pues el control que ejercían las juntas escolares respecto a la asistencia y desempeño docente permitiría la permanencia de los estudiantes en las escuelas, por tanto, mejorar sus niveles de aprendizaje. Las juntas escolares tenían funciones para realizar gestiones ante las autoridades educativas y lograr mejoras en la infraestructura de las escuelas, adquirieron la capacidad de sugerir el cambio de maestros y autoridades en casos de incumplimiento de funciones escolares, ausencias o abusos, lo que generó cierto rechazo de las organizaciones del magisterio a esta medida, con el argumento de que los padres de familia no contaban con la capacidad suficiente para sugerir propuestas relacionadas con la gestión pedagógica.
Los Consejos Educativos de los Pueblos Originarios (CEPOs) son instancias de participación social en educación, creadas en 1994 con la Ley 1.565 de Reforma Educativa. La Constitución Política del Estado de 1995 señalaba que “la alfabetización es una necesidad social a la que deben contribuir todos los habitantes” (Artículo 179).
Como se puede observar, las políticas de participación social en la educación de nuestro país comienzan mucho antes de la promulgación de la Ley N° 070. El acceso a la educación por los distintos sectores de la sociedad ha representado un proceso largo y, en algunos casos, tortuoso por su inclusión, donde la discriminación histórica y concurrente abarcó hasta mediados del Siglo XX. Hoy la participación social es un logro alcanzado por varias organizaciones sociales que lucharon durante años para que las oportunidades de acceder a la educación sean posibles para todos.