Juan Anaya Giorgis
Cuando en un régimen democrático son cometidos torturas y asesinatos impunemente, a plena luz del día y directamente ligados a la reproducción del poder político de quienes gobiernan y del poder económico de quienes monopolizan los medios de producción, entonces, aunque su gobierno haya sido un producto de la voluntad popular mayoritaria, deja de ser democrático, mutando a una variante más del terrorismo de Estado.
El caso de asesinato, previa cruel tortura del interventor del Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, el pasado 27 de mayo del corriente año, ha sacudido, traumatizado hasta la fibras más sensibles, a la gente honesta, trabajadora y decente, al margen de su posición económica y pertenencia nacional, del Estado Plurinacional de Bolivia, ya que tiene todo el aspecto del ser la línea roja que divide a la democracia del terrorismo de Estado y que, al unísono, se ha cruzado con dicho espantoso crimen de lesa humanidad.
Sí los asesinos y torturadores de Colodro permanecen impunes y al amparo, y también, al parecer, al servicio de las tinieblas del poder político y económico dominante en la actual Bolivia, ¿qué duda podría caber acerca del carácter terrorista de nuestro gobierno?
De ese modo, quiero decirles a todos los partícipes y creadores del denominado proceso de cambio boliviano, inaugurado en el 2005, de cuya institución nunca fui un directo partícipe (lo subrayo yo mismo): ¡alerta!, hay hechos que no podemos tolerar, hechos como la tortura y el asesinato al servicio de los intereses de quienes detentan los poderes públicos.
Ya han pasado dos meses de tan terrible suceso y un manto de silencio envuelve al acontecimiento, salvo, claro, las inverosímiles explicaciones de nuestro ¿capísimo? Ministro de gobierno, el señor Casillo, una vez más. ¿Qué ocurrió realmente? y ¿quiénes son los verdaderos responsables intelectuales y físicos del hecho?
Esta cuestión me recuerda a una instalación del célebre pintor y artista plástico Carlos Alonso (aún con vida), llamada “manos anónimas”, en ella yace en suelo un cuerpo atado de pies a manos, martirizado y cubierto con papeles de diarios, a un lado el guardia y el torturador, al otro, un hombre, cuyo rostro ya parte del torso se figuran invisibles (aludiendo, por supuesto, al autor intelectual).
Como es conocido, la obra de Carlos Alonso, además de original, se caracteriza por su denuncia contra los asesinatos y desaparición de personas, perpetrados por los gobiernos militares durante los años 70 del Siglo XX.
Muy apropiado para este tipo de abusos inenarrables, ¿no? Sólo que, esta vez, la inhumana represión parece nada tener que ver con una guerra de ideologías inherentes a la organización del sistema social (como en los tiempos de las dictaduras militares), sino más bien, con intereses económicos de bandas criminales, probablemente narcos, y mezquindades de poder.