AI insta a Gobierno de Ecuador salvaguardar Derechos Humanos

La organización Amnistía Internacional (AI) instó ayer al Gobierno ecuatoriano a “salvaguardar los Derechos Humanos” ante la violencia que sufre el país de cara a las elecciones previstas para el 20 de agosto y que llevó al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, a manos de hombres armados.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, indicó en un comunicado que la ONG está sumamente preocupada por la actual situación de violencia en Ecuador, que se enfrenta a un fuerte aumento en su tasa de homicidios, así como a una serie de asesinatos de personas candidatas a cargos públicos en las últimas semanas.
Asimismo señaló que todo esto culminó en el asesinato de Fernando Villavicencio, aparentemente por motivos políticos. «Las víctimas de la actual oleada de violencia política merecen verdad, justicia y reparación, y las autoridades deben tomar medidas céleres para investigar estos crímenes», puntualizó.
En los últimos meses, Ecuador se enfrentó a una crisis de inseguridad, concentrada principalmente en las zonas costeras cercanas a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, vinculada a actividades de la delincuencia organizada. El 3 de mayo, el presidente Guillermo Lasso, emitió un decreto que permitía el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio nacional para reprimir la amenaza terrorista en el país, sin poner ningún límite temporal a esta orden.
Según la ONG, esto contraviene las normas internacionales sobre el despliegue de fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, que exigen que tales decisiones estén limitadas temporal y geográficamente.
El estado de excepción declarado en respuesta al asesinato de Villavicencio, con una duración de 60 días, es el último en una serie de decretos de excepción del presidente, además implica la suspensión de una serie de derechos, entre ellos el de libre asamblea.
AI recordó así a las autoridades ecuatorianas que ciertos derechos no deben ser nunca objeto de suspensión, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pidcp) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (Europa Press).