Ingreso de cooperativas auríferas al Madidi a explotar oro y la incursión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a áreas protegidas, como Tariquía en Tarija, muestra que el Gobierno sólo tiene interés en la recaudación y favorecimiento a sus aliados, los defensores de la naturaleza señalan que ambas actividades amenazan al medio ambiente y más cuando el gobierno no apoya parar la deforestación en la Amazonía.
La caída de la producción de gas y el auge de los minerales, en especial el oro, por el alto precio en el mercado internacional, provocaron la “fiebre del oro” en el norte paceño, los medios nacionales, así como los especializados, denunciaron el ingreso de cooperativas mineras a parques nacionales, como el Madidi.
Los datos oficiales muestran que el año pasado las exportaciones de oro alcanzaron los 3.000 millones de dólares, mientras los impuestos pagados no pasaron de los 70 millones. La cotización del metal en el mercado internacional llegó hasta 1.900 dólares la onza troy, a pesar de que cayó pero mantiene valores altos. Ahora los cooperativistas sólo quieren pagar un 4,8% de impuestos.
La demanda en el mercado internacional ha provocado que el valor no caiga, lo que provoca que más cooperativas auríferas se asienten en las laderas de los ríos del Parque Nacional Madidi y explotar la región, también abrieron el espacio a las dragas y empresas chinas.
La utilización del mercurio en la explotación de oro deja muchas secuelas en las poblaciones indígenas de la región y se comprobó afecciones en los habitantes del lugar por culpa del uso de este material.
En un reportaje de mongabay.com de unos meses atrás, se pública el pedido de las organizaciones indígenas, que convocaron al Gobierno, a comienzos de diciembre del 2022, a poner un alto a la contaminación de los ríos producto de la actividad minera, en muchos casos realizada de manera ilegal.
Según la investigación de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, 27 comunidades indígenas están afectadas por la contaminación por el mercurio: los esse ejja, los mosetenes, los uchupiamonas, los tacanas y los lecos, son los pueblos indígenas más impactados por la búsqueda desesperada de oro.
“Las empresas y las cooperativas están destruyendo nuestro territorio. Nuestros niños están afectados por la contaminación por mercurio y no tenemos una respuesta del Gobierno. Queremos hacer conocer al mundo que estamos en la lucha por los territorios, la Amazonía y los pueblos indígenas. Ya no queremos más los ríos contaminados con mercurio, no queremos más pescado con mercurio, no queremos más atropello a los derechos de los pueblos indígenas”, reclamó Miriam Pariamo, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib), señala el medio digital.
Hidrocarburos
Por otro lado, está el ingreso de YPFB a parques nacionales y hacer lo que no hizo hace 15 años, período en el cual se dedicó sólo a explotar los recursos que trabajaron gobiernos anteriores.
Ante la caída de la producción de gas y líquidos, YPFB tiene en la mira a 31 áreas reservas, que están sobrepuestas a parques naturales, uno de ellos es Taríquia, pero también su incursión tiene en la mira la Amazonía.
Sólo en Tariquía, la explotación petrolera afectará el 52% de la reserva, de acuerdo a medios nacionales.
Hace unos meses atrás, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías informó que 31 áreas reservadas para YPFB para tareas de exploración y explotación hidrocarburífera se sobreponen a parques naturales y áreas protegidas.
«De acuerdo a lo informado por la estatal petrolera, existen 31 áreas reservas a favor de YPFB que se encuentran sobrepuestas en parques naturales y áreas protegidas, cabe señalar que las mismas no se sobreponen a la totalidad de la superficie de las áreas protegidas», señala la respuesta dada por Molina a la Petición de Informe Escrita (PIE) formulada por el senador de Creemos, Henry Montero, publicado en Los Tiempos.
El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) a través de su director ejecutivo e investigador, Miguel Vargas, advirtió de potenciales conflictos territoriales por la expansión de la frontera extractivista.
Precisó que al menos, 18 territorios indígenas se ven sobrepuestos por las 106 áreas reservas por YPFB para la exploración y explotación hidrocarburífera, sin mencionar la frontera minera ilegal expansiva.
Amazonía
Mientras tanto, la declaración final de la Cumbre de ocho países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) no contiene objetivos concretos para frenar la deforestación, lo que pone en duda la promesa de los gobiernos de la región de proteger el “pulmón verde” y liderar la lucha global contra el cambio climático, de acuerdo a un comunicado de la Fundación Tierra.
La iniciativa del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de persuadir a los países vecinos para adoptar metas concretas para detener la deforestación antes del 2030 ha sido socavada por el gobierno de Bolivia, en la Cumbre del 8 y 9 de agosto de 2023.
El rechazo de la delegación boliviana fue reportado por distintos medios internacionales. “Hemos intentado (incluir objetivos de deforestación), pero Bolivia pidió explícitamente que se eliminará”, declaró un miembro de la delegación brasileña al Financial Times.
Otro funcionario del país anfitrión dijo a The Guardian que “la culpa es de Bolivia”, a propósito de que no se haya alcanzado un acuerdo con objetivos específicos para la lucha contra la deforestación.
“Expresamos públicamente nuestro rechazo a la actuación del gobierno boliviano que, estamos seguros, no refleja el interés colectivo de los bolivianos de frenar las actividades extractivas en la Amazonía. Rechazamos la incoherencia entre el discurso ambientalista del gobierno nacional en la palestra global y su política extractivista en la Amazonía boliviana. Bolivia no solo rehuyó a los compromisos internacionales, sino que los obstaculizó”, señala.