En nuestro país se percibe gran preocupación porque varios hechos muestran que no se acata la institucionalidad, la cual debe ser norma de vida para todos. En tal sentido, la Constitución Política del Estado tiene que ser el eje sobre el que funcionan todas las instituciones; es la base sobre la que han sido establecidas todas las normas que den vigencia a los procedimientos legales, por lo que se requiere concordancia con sus reglamentos. Sin embargo, no ocurre así y cada entidad considera que puede tomar con total independencia sus decisiones, las que, redactadas como memorándums pueden tener vigencia como si se tratara de recetarios.
Poco se sabe sobre un ordenamiento cabal de todo lo que esté íntimamente relacionado con el funcionamiento de los poderes del Estado y existe la creencia de que cada poder tiene que actuar por sí mismo, sin coordinación. Pero es importante que el encadenamiento legal sea preciso para toda institución, compañía o entidad pública o privada, cívica, cultural, deportiva o de cualquier naturaleza.
La institucionalidad es fundamental para que todo funcione correctamente en el país y sean sus reglas y principios los instrumentos legales que rijan la vida de sus componentes.
Todos los países se rigen por constituciones y leyes dictadas sobre la base de la institucionalidad. Es decir, que a la norma general se aferran todas las naciones, porque se considera que nadie puede actuar por cuenta propia. Gobernantes y gobernados deben estar atenidos a lo que establecen normas generales. Inclusive a nivel mundial, grupos de países acordaron acatar las reglas y normas aprobadas en Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Violar normas que rigen el comportamiento colectivo es motivo de condena por la comunidad internacional, porque en esta era moderna ya nadie debería obrar por sí mismo sin pensar en las consecuencias.
En nuestro caso, la falta de respeto a la institucionalidad y la ausencia de coordinación entre organismos del Estado llevan, por ejemplo, a declaraciones contradictorias de autoridades nacionales, las cuales, sin embargo, suelen recurrir al fácil recurso de decir que la prensa ha “tergiversado” sus palabras. Por otra parte, se observa a sectores sociales que, al parecer, viven en territorios “independientes”, a donde no pueden ingresar fuerzas del orden para reprimir actividades ilegales. Al respecto, son conocidos varios casos de poblaciones que protegen a contrabandistas o productores o comercializadores de drogas.
En materia de relaciones internacionales, cada cierto tiempo la población es informada sobre acuerdos con países de la órbita socialista que son cuestionados por su beligerancia y fanatismo. Sin embargo, nuestras autoridades siguen adelante con esas relaciones, sin considerar que Bolivia es parte de acuerdos a nivel mundial que propician el sistema democrático y la convivencia pacífica. En consecuencia, es muy importante mostrar verdadero respeto a la institucionalidad y cumplir con lo establecido en nuestras leyes, si no se quiere que se expanda el mal ejemplo.