El gobierno de Daniel Ortega anunció la confiscación de todos los bienes inmuebles y activos de la jesuita Universidad Centroamericana UCA de Managua, Nicaragua, a la que acusa de que funcionó como “un centro de terrorismo”. La provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús calificó las sindicaciones de “falsas e infundadas”.
La Universidad jesuita mediante una nota informó a la comunidad que recibió este 15 de agosto un oficio por el Décimo Distrito Penal de Audiencias, Circunscripción Managua, en el que se le califica como un “Centro de terrorismo”, además de acusarla de traición.
Detalla que se le imputa de haber “traicionado la confianza del pueblo nicaragüense” y de “haber transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las Instituciones de la Educación Superior del país”.
Responsabiliza al Gobierno de Nicaragua de todos los daños en contra del alumnado, del personal docente, administrativo y otros trabajadores, y del patrimonio cultural que se deriven de “semejante acusación injustificada”.
Esta nueva acción se produce en medio de la arremetida del gobierno de Ortega a la Iglesia Católica, así como a otras entidades defensoras de los derechos humanos, medios de comunicación y opositores.
Además de “la orden de incautación de todos los bienes inmuebles, muebles y del patrimonio económico de la Universidad a favor del Estado de Nicaragua”.
Las autoridades nicaragüenses habían dispuesto el congelamiento de las cuentas bancarias de la UCA la semana pasada, aunque los medios oficiales no anunciaron medida alguna contra la universidad. El gobierno de Daniel Ortega tampoco ha emitido comunicación sobre la denuncia del centro, informó France 24.
Sin embargo, el centro educativo señaló que esta nueva agresión gubernamental en contra de la Universidad no es un hecho aislado; sino que forma parte de una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales de la sociedad civil que están generando un clima de violencia e inseguridad y agudizando la crisis sociopolítica de ese país.
Desde 2018, a causa de su postura en defensa de la vida de personas que eran reprimidas, la UCA ha venido siendo objeto de un constante asedio, acoso y hostigamiento de parte de las instituciones gubernamentales nicaragüenses, expresados en mecanismos como la no extensión de certificaciones necesarias para su funcionamiento de parte del Ministerio de Gobernación, y de otras medidas.
Ese año, durante la represión policial del gobierno, la Universidad abrió sus puertas para acoger momentáneamente a los estudiantes que escapaban de las balas de las fuerzas represoras.
Señala que la política gubernamental de Ortega está violando sistemáticamente los derechos humanos y parece estar orientada a consolidar un Estado totalitario. Demandaron que se le permita a la Universidad ejercer su derecho irrenunciable a la legítima defensa en contra de dichas acusaciones.
Solicitamos al Gobierno de Nicaragua:
- Sea inmediatamente revertida y corregida la drástica, inesperada e injusta medida adoptada por el órgano judicial.
- Cese la creciente agresión gubernamental en contra de la Universidad y sus integrantes.
- Se busque una solución racional en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo y la defensa de la libertad de cátedra.
La UCA ratificó el compromiso de la Compañía de Jesús con el pueblo nicaragüense en favor de una educación de calidad incluyente, inspirada en el Evangelio de Jesucristo.
En la UCA estudian aproximadamente unos 8.000 estudiantes, del total de 200.000 universitarios que existen en Nicaragua, de acuerdo con organizaciones del sector. (ANF)