Marco Centellas Castro
Bolivia es uno de los pocos Estados en el mundo que elige por voto popular a sus máximas autoridades del Órgano Judicial y a sus magistrados del Tribunal Constitucional. Muchos países, por ejemplo, se decantaron por la elección de jueces de primera instancia en regiones y estados federales, sin embargo, la experiencia boliviana es cuasi inédita al dejar en manos del soberano la elección de miembros de altos tribunales que, en otras circunstancias, se basaría en méritos, capacidad y trayectoria.
Desde el advenimiento de la Constitución Política de 2009, nuestra ciudadanía mediante sufragio determina la composición de tres altos tribunales y de la entidad disciplinaria y administrativa del Órgano Judicial. Estas elecciones, que ya se dieron en 2011 y 2017, tradicionalmente han tenido una baja participación y legitimidad, con predominio de los votos blancos y nulos, con indiferencia y apatía de los electores y total desconocimiento de quienes eran los potenciales candidatos.
El balance de estas elecciones, de por sí, desde hace más de 12 años, es desfavorable, porque a la crisis sempiterna de la administración de justicia, hoy se ha sumado la nula confianza de la población al Órgano Judicial, el desinterés general por elegir jueces y la manifiesta falta de voluntad estatal por llevar a cabo estos comicios a fines de año.
A más de medio año transcurrido del 2023, diversas voces plantean que no habrá elecciones judiciales y que este proceso, como los anteriores, no resolverá y que incluso agravará la situación calamitosa del sistema judicial. A la fecha, luego de la tardía sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y con el tiempo en contra, en este momento se necesitan dos tercios en la Asamblea Legislativa para seleccionar a los postulantes y ese porcentaje ni siquiera los tiene la fracción del MAS que nos gobierna.
Incluso, el presidente Luis Arce en su mensaje del pasado 6 de agosto, ante estas extremas circunstancias, exhortó a los asambleístas a garantizar consensos para que se realicen las Judiciales, pero también sentenció claramente que está demostrado que estas elecciones no cambiarán los problemas estructurales de la justicia.
Ante el presente escenario y exceptuando si se realizan o no las Elecciones Judiciales, es necesario retornar a la evaluación meritocrática en la designación de estos altos magistrados y consejeros, y que esta calificación sea producto de la participación de la sociedad civil y de los órganos del Estado. Sin embargo, este anhelo de miles de ciudadanos, debe pasar indefectiblemente por una reforma total de la Constitución.
Sobre el particular, el francés Maurice Duverger en su obra “Instituciones Políticas y Derecho Constitucional”, señala muy acertadamente que el sistema de los jueces por elección no brinda buenos resultados, primero, porque no establece ninguna garantía de idoneidad jurídica y, segundo, porque los eventuales candidatos a funciones jurisdiccionales directa o indirectamente están aliados a partidos políticos, lo que no asegura garantías de imparcialidad.
Es docente emérito de la Carrera de Derecho de la UMSA.