Después que el gobierno cerró el mercado ilegal de coca, ubicado en la calle 1 de Villa El Carmen, el abogado Eusebio Vera manifestó a EL DIARIO que se deben liberar a los productores de la hoja sagrada que se encuentran con detención preventiva y resarcir los daños y perjuicios ocasionados.
“El mercado ilegal produjo enfrentamientos entre los productores de la hoja de coca que tuvo resultados lamentables porque muchas personas fueron aprehendidas (…). Significó la detención preventiva de muchos productores de coca que hasta el día de hoy permanecen en las cárceles de La Paz. Se tardó mucho tiempo para que el Gobierno se dé cuenta de que tienen la obligación de cumplir la normativa en vigencia (…) ahora le toca al Gobierno liberar a los presos, obviamente el costo será alto porque hay una persona muy delicada de salud a quien torturaron y se violaron sus derechos fundamentales al momento de su aprehensión, me refiero a César Apaza”, dijo el jurista.
La mañana del martes, la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin) clausuró el mercado ilegal de coca liderado por el dirigente afín al Movimiento al Socialismo (MAS), Arnold Alanez. “Dando cumplimiento a lo establecido en los arts. 21 III y 24 de la Ley 906 (Ley General de la Hoja de Coca) y art. 23 del Decreto Supremo 3318 (Reglamento de la Ley General de la Hoja de Coca), se comunica a los productores, productores al detalle y comerciantes detallistas de la hoja de coca, que a partir de la fecha los sellos de salida en la hoja de ruta, se los realizará únicamente en el mercado de coca autorizado, ubicado en la calle Arapata, debiendo tomar las respectivas previsiones”, dice el comunicado de la Digcoin.
TRATO CRUEL
Y DEGRADANTE
Por la toma del mercado ilegal, el 8 de septiembre de 2022, varios dirigentes de ese entonces se encuentran en detención preventiva, como el caso de César Apaza, que fue sometido a tratos crueles y degradantes, durante su aprehensión el 22 de septiembre de 2022, según informe de la Defensoría del Pueblo.
La entidad estatal solicitó que el fiscal del caso, Carmelo Laura Yujra, sea procesado debido a su presunta negligencia al no investigar las denuncias de tortura por parte del dirigente cocalero.
El informe, emitido el 11 de mayo bajo la Resolución Defensorial DP/SSP/RD/2023/02, señala que las lesiones sufridas por Apaza fueron producto de la intervención policial durante su aprehensión y posterior traslado, y detención en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.
Por estos extremos y porque su detención preventiva se volvió “indefinida” el asesor de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Jorge Valda, solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que otorgó cinco días de plazo al Gobierno para que respondan a las observaciones.
El jurista precisó que el plazo otorgado al Gobierno concluye hoy por lo que en los próximos días se tendrán resultados a la solicitud.