Con mucha frecuencia las autoridades y empleados de gobierno, repiten que tenemos el índice más bajo de inflación de la región y dan otras cifras que nos colocan como uno de los países más prósperos del continente y cuyo modelo económico es ejemplo del mundo, como lo dijo el ex presidente Evo Morales, que seríamos la Suiza americana.
Lo cierto es que la realidad de nuestra economía y en la que vive nuestra sociedad es distinta, pues estamos atravesando una crisis económica-social, con índices de algunas variables que comienzan a ponerse en rojo, prueba de ello es la subida de los precios de bienes y servicios, que en algunos casos llega a un 30%, en especial desde que la divisa norteamericana ha desaparecido del mercado legal y su valor en el mercado ha subido en más de ocho puntos.
Uno de los mecanismos para medir el comportamiento de la economía es, sin duda, la medición estadística, que nos da los datos necesarios para que las autoridades y el público, tomen las medidas necesarias para diseñar e implementar políticas, los primeros y para salvaguardar sus intereses, los segundos. Estas estadísticas deben ser indudablemente confiables para que las políticas públicas en materia económica, sean certeras y eficaces.
Con la finalidad de tener datos estadísticos constantes, se creó el Instituto Nacional de Estadística (INE), pues antes los estudios los realizaba una agencia norteamericana de asistencia al país, USAID, que periódicamente hacía conocer datos impresos. Su creación respondió a sugerencias de organismos internacionales de apoyo y financiamiento económico.
Para que la información estadística sea confiable, el organismo que elabora los datos, luego de estudios sujetos a protocolos establecidos, debe ser confiable, es decir una institución confiable por su seriedad y si es posible de excelencia en su desempeño. Pero sucede que en nuestro tiempo el denominado Instituto de Estadística, es poco confiable. Ya en el pasado gobierno del régimen, un profesional de la materia, ex director del instituto, al renunciar expresó que era objeto de presiones, seguramente de autoridades políticas. Y hace poco, con el asunto del censo de población que debía efectuarse el pasado año, el director del INE aseguró que se efectuaría el censo, pues estaba todo dispuesto, lo mismo que la ex Ministra de Planeamiento, pero no se llevó a efecto el censo, pese a las presiones de la ciudadanía para que se realice.
Los organismos internacionales dedicados a los asuntos económicos de los Estados miembros de esas organizaciones, basan sus estudios en las informaciones oficiales que emite el gobierno del Estado, a través de su oficina especializada, por lo que los datos convenientemente emitidos llevan indudablemente a errores de esos organismos y, en consecuencia, a las resultantes de sus estudios.
El derecho a la información es, en este tiempo, uno de los derechos más importantes, en especial en el sistema de gobierno y vida democrático, pues los individuos, así como pagan impuestos al Estado, deben recibir las informaciones fidedignas de éste, en todas las materias que son importantes para la vida de la sociedad.
Son los regímenes autoritarios los que ocultan informaciones e imponen su versión en todo lo que les interesa, de tal manera que el ciudadano carece de conocimiento de lo que sucede, o se informa de fuentes no oficiales y, en consecuencia, casi no participa de la administración del Estado, que está reservada al “politburó” del partido gobernante, que reemplaza al pueblo y dice gobernar en nombre de éste, cuando en verdad el pueblo está ausente en la elaboración de políticas y su ejecución.
La desinstitucionalización de las entidades públicas en nuestro país y, por supuesto, entre ellas la oficina oficial de estudios estadísticos, es resultado de una política no de concertación con otras fuerzas u organizaciones políticas, sino de la imposición, pues se debe hacer lo que conviene al régimen, para perpetuarse en el ejercicio del poder.
Cuando se dice que son cocinados artísticamente los datos de cifras económicas, como sostiene el economista docente de la Universidad Católica, Gonzalo Chávez (EL DIARIO, 12 de agosto de 2023), se hace referencia a que los informes sobre datos oficiales sobre el comportamiento económico, no responden a la realidad, y son parte del aparato propagandístico del régimen, que pretende demostrar como verdad lo que no es.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.