Está probado que los bolivianos contribuimos al desarrollo de la humanidad con un importante, como sorprendente bagaje de creatividad, en vastos paradigmas de nuestro cotidiano vivir, como es el caso de los gobernadores de Santa Cruz y Potosí, ambos recluidos en la cárcel, con sus facultades completas de gobernar. Empero, es útil aclarar que existe una enorme diferencia de lucidez y proceder entre estas dos autoridades, para haber merecido dicho encarcelamiento.
Por una parte, en lo que a Luis Fernando Camacho respecta, son abundantes las pruebas que demuestran que su detención se debió a un secuestro ilegal y político por parte de fuerzas oficialistas, con la peregrina idea de copar dicha gobernación cruceña y someter a dicho departamento a la autoridad y los designios del gobierno central, mediante la conocida estrategia de la división de sus organizaciones cívicas y el desquiciamiento de su tejido social, fenómeno que no ocurrió y, por el contrario, se defendió unido y, como muestra, mantuvo a su Gobernador con pleno poder.
Lamentablemente, no ocurre lo mismo con don Jhonny Mamani, gobernador de Potosí, preso en el penal de San Pedro de La Paz por una compleja operación criminal de enriquecimiento ilícito y de evasión de impuestos, realizada a través de una empresa unipersonal, Stefals Logistics, que grupos paquistaníes utilizan como “fachada” para operar desde la Zona Franca de Iquique, desde donde, acorde con reportes de la Fiscalía y la Aduana Nacional, internaron en territorio boliviano al menos 15.000 vehículos desde 2015. El caso de las 41 “ambulancias fantasmas” y el nexo con otras redes criminales vinculadas con el lavado de dinero, saltan a la vista en esos reportes.
Según el fiscal de La Paz, William Alave, un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras, que él considera fundamental porque da lugar a una investigación, la empresa de Humberto Huanca y una tramitadora de ésta, que están detenidos desde hace un año y cuatro meses, ganó una licitación de Bs 20,5 millones para vender las 41 ambulancias, habiendo declarado un capital de garantía de apenas Bs 100.000, un monto que no cubría ni siquiera el costo de una sola unidad.
Asimismo, el recluso gobernador potosino habría cobrado 67 cheques del Banco Unión cuando fungía como alcalde del municipio de Tahua, de donde se presume que desvió fondos para beneficio propio, por más de un millón de bolivianos al hacer uso de su autoridad, ya que dineros de gobiernos municipales y departamentales son administrados por el área administrativa financiera, y no así directamente por el alcalde.
A la luz de lo expuesto, no merece mayor explicación la diferencia existente entre esas dos autoridades que guardan detención en los penales paceños de Chonchocoro y San Pedro, pues la nitidez de los cargos o supuestos delitos del primero, o sea don Luis Fernando Camacho, es arbitraria e ilegal, al igual que lo es el de la expresidenta Jeaninne Añez y muchos militares y policías. En cambio, el paquete de delitos del segundo salta a la vista y sólo cabe juzgar a la opinión pública cuál de estas dos autoridades están ejerciendo legalmente el arte de gobernar desde la cárcel.