El ciudadano boliviano que cotidianamente tiene que vender, comprar, asociarse, contratar empleados, trabajar etc., está gravemente constreñido en sus actividades, pues en cualquier momento aparece la policía y fiscalía y le decomisan e incautan sus bienes inmuebles, muebles, vehículos, valores etc., prácticamente lo dejan en la calle, le privan de su libertad y además lo presentan a los medios como delincuente vinculado al narcotráfico.
En casi todas las economías jurídicas de los países del mundo, el principio de presunción de inocencia está vigente, lo mismo sostienen nuestras normas, pero en la práctica en el régimen que nos gobierna por más de tres lustros, siguiendo la política del régimen socialista-comunista cubano, se presume la autoría de cualquier conducta delictiva y se detiene al ciudadano, quien con un alto costo tiene que defenderse y probar su inocencia, cuando es la instancia acusadora la que debería probar la acusación.
He conocido más de un caso, en el que un ciudadano de buena fe, adquirió algún bien, que habría sido antes de algún individuo vinculado con el narcotráfico, pero el bien no tenía alguna anotación restrictiva en Derechos Reales, sin embargo, el adquiriente fue investigado por supuestas relaciones con el delito y privado de sus bienes, enredado en los vericuetos de un Órgano de Justicia de escasa credibilidad.
Para evitar tener relaciones con un individuo investigado por vinculaciones con el narcotráfico, tendríamos que exigir que éstos se pongan letreros que los identifiquen como narcotraficantes, lo que resulta una estulticia. El dudar de la moral de todos los conciudadanos con quienes nos relacionamos, importaría dar veracidad a las voces que en el exterior nos endilgaron como un narco Estado, donde todos estamos vinculados a la coca-cocaína, como productores de materia prima, sustancia final prohibida, o consumo, lo que no es así, pues la mayoría de los ciudadanos somos ajenos a esta actividad en cualesquiera de sus fases.
Hace unas semanas se informó que un individuo de nacionalidad extranjera y con documentos de identificación personal alterados, residía en la próspera ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la que aparecía como un vecino industrioso y activo, en especial en relación con el balompié, ya que incluso jugaba y tenía relación con algún equipo de fútbol conocido. Una vez desatada la persecución al residente extranjero con cargos de investigación judicial en el exterior, se ha procedido a allanar, incautar, secuestrar varios bienes inmuebles, vehículos y otros valores, y se ha privado de su libertad a varios individuos supuestamente vinculados al perseguido, entre ellos algunos empleados, cuidadores de bienes, etc.
En un país como el nuestro, con alto porcentaje de desempleo, si alguien requiere de un empleado, éste debe preguntarle si es narcotraficante, para así no correr el albur de luego perder lo poco que tiene y la libertad, lo mismo de cualquier prestador de algún servicio, como el entrenador de un equipo de fútbol, como en el que entrenaba el individuo investigado y requerido por la justicia de otros países.
Lo que llama la atención, es que el extranjero radicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, hacía tanta actividad abierta y con plena confianza y seguridad en sus actividades, que hace presumir alguna protección de gente de poder.
Hace también unas semanas, en un bus que se trasladaba de Oruro a La Paz, un individuo joven sufrió un desmayo, en su maletín llevaba algo más de un millón de bolivianos, inmediatamente fue detenido y el dinero retenido. Es decir que no se puede llevar dinero porque inmediatamente la policía presume que es de origen delictivo. Creemos que se hace daño al movimiento económico en el país, pues en la banca todo movimiento de dinero, es objeto de “sospecha” en su origen. Por esa razón mucha gente, en especial de los sectores populares, ignora las transacciones bancarias.
A lo que comentamos se agregan las acusaciones entre los grupos rivales del partido oficialista, que en su disputa se acusan mutuamente de ser líderes en el narcotráfico, aunque sabemos que, en los últimos tiempos, no sólo en nuestro país sino también en otros de nuestro continente y del mundo, la actividad política está contaminada por corrupción y, en consecuencia, pierde credibilidad ante la ciudadanía.
Debemos “desnarcotizar” la vida de la sociedad boliviana, por el bien de todos los ciudadanos y el honor nacional, lo que no impide que la lucha contra el delito sea importante política de gobierno y Estado.
El autor es de Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.