Los privados de libertad con enfermedades mentales son los más discriminados y abusados en las cárceles y esta situación es propiciada por las autoridades que, pese a que la ley no lo permite, los envían a los recintos y los abandonan sin tratamientos ni medicamentos, coincidieron dos especialistas en salud mental.
El artículo 17 del Código Penal sobre la inimputabilidad señala que “Está exento de pena el que en el momento del hecho por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia o por grave insuficiencia de la inteligencia, no pueda comprender la antijuridicidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión”.
“Si un discapacitado intelectual entra en un sistema penitenciario lo primero que le va ir es muy mal, lo van a abusar sexualmente, lo van a abusar en todos los sentidos, entonces eso se tiene que evitar”, dijo a ANF el médico psiquiatra Ernesto Málaga.
La psicóloga Tania Viscafé, exfuncionaria penitenciaria, señaló al respecto que la situación de los enfermos mentales en las cárceles “es muy lamentable debido a que muchos no tienen familia y están ahí como objetos, ni ellos mismos son conscientes de su situación, otros internos los utilizan como soldados; es demasiado triste su situación”.
La Defensoría del Pueblo constató en varias visitas realizadas a los recintos penitenciarios la presencia de internos con trastornos mentales, en algunos casos severos, que no reciben la atención especializada, menos aún un tratamiento psiquiátrico o psicológico. También advirtió que la cantidad de personal especializado en salud mental es insuficiente en los penales.
Viscafé indicó que estos problemas vienen desde siempre y dijo que a las personas con enfermedades mentales solo les queda el aislamiento y el abandono en las cárceles. No hay especialistas ni medicamentos para su tratamiento debido a que el Estado no lo estipula.
DEMENTE
Contó el caso de un interno que llegó a un penal con la etiqueta de “demente”, dado a conocer por los medios de comunicación y fue el centro de todo tipo de discriminación, incluso de parte de los funcionarios penitenciarios.
“La persona que entra a la cárcel con esa etiqueta es muy discriminada por los demás internos, por el personal, por todo el mundo, dicen: ‘esa persona está demente, cualquier rato puede reaccionar y nos acuchilla’”.
Esta persona cuando llegó al penal fue directamente aislada y nadie podía hacer algo por él, recordó Viscafé, “ni el psicólogo general debido a que su formación no le permite, lo que necesitaba era un psiquiatra y ciertamente medicación, y tal vez terapia, pero eso el Estado pues no cubre”.
Málaga explicó que estas personas “tienen una capacidad de pensamiento limitada que no comprende el alcance de un acto antijurídico, que algo está mal o está bien, son un grupo de trastornos grande que solo se guía por los instintos”.
Remarcó que la clave de la solución está en una sociedad estructurada, porque “cómo esos chicos están caminando por la calle sin monitorización social, dejándolos a libre albedrío, viendo que hay chiquitas que se recogen de la escuela por lugares solitarios, es un problema muchísimo más grande”.
Indicó que como los instintos son los que los mueven, lo que se debe hacer es prevenir “identificando a estos sujetos para ayudarlos porque ayudándolos pueden avanzar, ese cerebro es neuroplástico, puede avanzar, podemos hacer que ese cerebrito haga más con entrenamiento, incluso que vayan diferenciando de cierta forma lo malo de lo bueno”, pero no se lo toma en cuenta “precisamente porque se desconoce aquello”.
Reconoció que por falta de recursos de todo tipo no se termina de hacer el proceso y por lo tanto “esos chicos o están en una cárcel frente a todas estas posibilidades de ser vulnerados en todo su derecho o salen a la calle a volver a reincidir, pero no una reincidencia exactamente, sino es que están mal, están enfermos, o sea, desde el punto de la psiquiatría tienen un trastorno mental, que es una discapacidad intelectual”.
Viscafé indicó que una de las falencias es que los jueces son los que los envían a las cárceles debido a que los psiquiátricos no tienen medidas de seguridad, pero esta situación podría cambiar “si los envían con un custodio policial como ocurrió con el dictador Luis García Meza que vivía con un guardia en el hospital”.
PSIQUIÁTRICO
Viscafé recordó que había el proyecto para la construcción de un centro psiquiátrico en el penal de Chonchocoro, para que reciba a todos los enfermos mentales, pero nunca avanzó.
“No hay suficientes instituciones para llevarlos a estos muchachos, no se los puede reincorporar a la familia o al medio social porque no hay cómo se resuelva el problema del sujeto, entonces, es gravísima la situación social, pero se tiene que tomar en cuenta lo que dice la ley”, apuntó Málaga.
La carencia de profesionales en las cárceles de Bolivia son tales que, por ejemplo, un psicólogo distribuye su tiempo para atender dos centros penitenciarios: San Pedro y Chonchocoro, cuya población penitenciaria conjunta sobrepasa las 3.600 personas.
“Por consiguiente, la atención a los privados de libertad es muy escasa y en muchos casos nula ya que no se logra identificar ni valorar a las personas con problemas mentales; ninguno de los internos entrevistados fue evaluado a su ingreso por personal de salud mental, siendo introducidos a la población general, usualmente a los pabellones donde se encuentran drogodependientes”, se lee en parte del informe de la Defensoría del Pueblo.
En el penal de San Pedro, en el Auditorio 1, Auditorio 2 y las aulas, conocido como Sin Sección, alberga al menos a 500 personas todas drogodependientes que nunca han recibido tratamiento médico y menos terapia contra las drogas.
En el penal de Palmasola, en Santa Cruz existe un psiquiatra que trabaja tres días a la semana para atender emergencias. En el pabellón PC-3, denominado “El Bote”, también se encuentran personas privadas de libertad con adicciones a sustancias psicoactivas.
La falta de personal especializado (psicólogos y psiquiatras), la ausencia valoraciones al ingreso al centro penitenciario, la falta de supervisión en su tratamiento médico-psicológico y la falta de un ambiente adecuado, además de la estigmatización, expone a esta población a condiciones de mayor vulnerabilidad, concluye la Defensoría del Pueblo.
NORMA
El artículo 23 sobre revisión médica de la Ley 2298 establece que a su ingreso al establecimiento, «a todo interno se le practicará un examen médico para determinar su estado físico y mental y en su caso, adoptar las medidas que correspondan. Todo interno debe ser examinado por lo menos una vez al año». De acuerdo a consultas a los internos de San Pedro, muchos no conocen al psicólogo y nunca recibieron algún tipo de terapia.
Incluso los castigos y sanciones disciplinarias a las que son sometidos los internos tienen que ver con procesos de daño físico y mental, como obligarles hasta a 20 horas seguidas de trabajo diario en la cocina, lugar al que llegan los que no tienen dinero para pagar su ingreso al penal y aquellos que cometieron faltas disciplinarias. Estas determinaciones que van de la mano y el consentimiento de las autoridades penitenciarias vulneran el artículo 120 de la Ley 2298.
“Las sanciones disciplinarias que se impongan se regirán por el principio de proporcionalidad. En ningún caso afectarán al interno más allá de lo indispensable, ni afectarán su salud física o mental”, se lee en el artículo. (ANF).