Diplomáticos denuncian maniobra del TCP en juico contra el Estado

Los diplomáticos de carrera denunciaron que son víctimas de una “burda maniobra” por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en la demanda que iniciaron hace dos meses contra el Estado boliviano por 7 millones de dólares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “A pesar de esta sucia manipulación, nuestro caso sigue inalterable y estamos seguros que vamos a ganar”, dijo Javier Viscarra, representante de los afectados.
Según la nota de prensa de los afectados, “es una nueva violación del debido proceso y una falta de independencia e imparcialidad de la justicia boliviana que se hará conocer a la CIDH. El Tribunal Constitucional ha publicado en su página Web una sentencia el día 26 agosto de 2023 -extrañamente fechada un año antes, es decir el 26 agosto del año 2022- en una torpe manipulación del proceso, buscando afectar por los plazos la demanda ante la CIDH”.
Según Viscarra, “El objeto de esta actuación antijurídica busca engañar a la CIDH donde cursa nuestro caso, con el objeto de hacer creer engañosamente que los diplomáticos despedidos del Ministerio de Relaciones Exteriores no presentamos la petición dentro del plazo de los 6 meses. Este fallo del TCP, sin fundamentos jurídicos, contradictorio y violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos, en contra de los diplomáticos de carrera es una muestra más de la manipulación judicial por parte del gobierno, una falta de imparcialidad y competencia de los jueces, fiscales y magistrados en Bolivia”.
“Queremos decirle al Canciller que la artimaña esta debidamente neutralizada y que lo único que van a lograr es mostrar a la comunidad internacional el abominable manejo de la justicia en Bolivia y la absoluta injerencia del Ejecutivo en los operadores de justicia, que tristemente se han vuelto simples instrumentos de los actuales gobernantes”, sostuvo el representante de los diplomáticos
Según los antecedentes del caso, proporcionados por los profesionales de la diplomacia, en 2020 fueron objeto de una abierta violación de sus derechos fundamentales enmarcados en la Convención Americana de Derechos Humanos, por parte del ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta que despidió a casi la totalidad de los profesionales. Tras aquella acción, los afectados agotaron infructuosamente toda la vía judicial interna, para recurrir ahora a la instancia internacional.
Para Mayta una prioridad fue deshacerse de los funcionarios de Carrera para así utilizar el servicio de relaciones exteriores como un botín político, negociar influencias, favores políticos y practicar clientelismo laboral. Para ese propósito político, tener diplomáticos de carrera era y sería un obstáculo, sostiene la versión de los diplomáticos.