La Constitución Política del Estado en vigencia, dispone que los magistrados del Órgano Judicial, deben ser elegidos a través del voto ciudadano, en elecciones convocadas para esa finalidad, en tiempo prudente para que las autoridades judiciales sean reemplazadas oportunamente y no se produzca un vacío en esas instancias qué hacen a la administración de justicia.
Los actuales magistrados del Órgano Judicial, van a cumplir su gestión en breve tiempo y por ello se convocó a elecciones para elegir a sus reemplazantes, pues además los actuales altos funcionarios están prohibidos de reelegirse en sus mismas funciones. Todo el proceso de elección de las máximas autoridades judiciales, está encomendado por ley al Órgano Legislativo, el que elabora el reglamento de elección, fijando los requisitos que deben llenar los postulantes y luego escogiendo a los que deben candidatear.
Cuando se convocó por primera vez a esta elección, se elevaron respetables voces críticas a la elección, incluso una académica invitada al país declaró “es una locura elegir magistrados”, pues por principio las elecciones generales donde participan todos los habilitados mayores de edad, deben ser informados sobre los candidatos y sus propuestas, de tal suerte que puedan elegir. Y elegir es escoger , pero el electorado no conoce a los cientos de postulantes que, además, no pueden hacer campañas, de tal manera que en las dos elecciones anteriores, la ciudadanía votó mayoritariamente en blanco y nulo.
La misma norma constitucional determina que el Órgano Legislativo, por dos tercios de votos de sus miembros presentes, hará la preselección de los candidatos, la misma que será enviada al Órgano Electoral que organizará las elecciones. Esa atribución del Órgano Legislativo para calificar a los postulantes, ha dado lugar a que en las dos elecciones anteriores, los seleccionados respondían a la corriente oficialista de mayoría en el Legislativo. Ello dio lugar al rechazo ciudadano en las elecciones anteriores, pues el votar por A o por B era lo mismo, ya que respondían a una determinada corriente partidaria, lo que provocó la pérdida de independencia del Órgano Judicial y la crisis en que se debate, con grave atentado a los derechos ciudadanos que demandan una justicia independiente.
Los actuales asambleístas del oficialismo con gran eficacia elaboraron los reglamentos de selección de los candidatos, por supuesto, con un sesgo de interés en favorecer a gente afín a su línea partidaria, lo que ocasionó una ruptura entre oficialistas y opositores. Los opositores dejaron de participar en el proceso de selección y acusaron a los oficialistas de pretender repetir los vicios de las anteriores elecciones judiciales. Y un asambleísta acudió al Tribunal Departamental del Beni y consiguió suspender el proceso que, finalmente, fue resuelto por el Tribunal Constitucional, cuando los plazos ya se vencían, disponiendo, además, que todo el proceso sea definido por los dos tercios de asambleístas, de los que carece el oficialismo.
Todo este proceso, tachado por triquiñuelas e imposturas en este tiempo, ya hace imposible su realización, lo que daría evidencia a las denuncias de algunos opositores que denunciaron que el oficialismo no quería las elecciones, porque le era más ventajoso contar con las actuales autoridades judiciales que están a su servicio.
En los regímenes de gobierno anteriores al actual, que gobierna por más de tres lustros, el Poder Legislativo nombraba a los magistrados, y éstos respondían a los partidos que tenían representación en el Legislativo, pero cuidando siempre que sean personalidades destacadas del foro nacional de abogados. Son muchos los nombres de esos magistrados que dieron lustre al Órgano Judicial. En las dos elecciones pasadas, ocuparon y ocupan las altas magistraturas abogados poco conocidos, salvo alguna excepción.
La grave situación del Órgano Judicial, no se va a solucionar con elecciones en las que no participan como candidatos destacados profesionales, que no están dispuestos a prestarse a manoseos o rendir exámenes ante individuos ignaros (salvo excepción) en la ciencia del Derecho y otros conocimientos o asegurar su docilidad al poder político.
Es tiempo de reordenar el problema del Órgano Judicial, partiendo de algunas modificaciones a la Constitución, como señaló un grupo de juristas llamados independientes. Ellos lamentablemente no lograron el número de firmas necesarias para modificar la Constitución, debido a entorpecimientos del poder político y el Tribunal Electoral. Mientras tanto, no queda otra solución que prorrogar excepcionalmente el mandato de los magistrados o convocar a otras elecciones judiciales.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.