La ANP y su defensa de la libre expresión como bien colectivo

Hace pocos días, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) ha manifestado que defenderá el trabajo no solo de los periodistas sino de todas las empresas que dedican su labor a promover el periodismo en todas sus formas y expresiones. Sin embargo, esa defensa también es labor colectiva, es decir, de todos los que aman y defienden la libre expresión, que implica el resguardo y mantenimiento incólume de los derechos respectivos que tiene el ser humano y que nada ni nadie debería restringir, suprimir, controlar o someterlos a imposiciones por intereses políticos mezquinos.
La ANP tiene, pues, como misión, cuidar y defender al ser humano, cuyos pensamientos, ideas, ideales y sentimientos deben ser motivo de respeto y libre manifestación, particularmente cuando están orientados al bien común. Según criterio de la ANP y de todas las organizaciones de prensa, no es aceptable conculcar o limitar arbitrariamente la libertad de expresión.
Los pueblos, entre sus principales derechos tienen el de disponer de libertades para actuar conforme a principios y a normas, sin que haya interferencia alguna de manera irregular. Y es que dejar actuar a los ciudadanos de manera independiente, según normas de derecho, está permitido en los países que viven en democracia, cuyo pilar esencial es una vigorosa institucionalidad que otorga equilibrio entre gobernantes y gobernados.
Pero en nuestro país, desde que asumió el poder el actual partido oficialista, en dos periodos de gobierno, los medios de comunicación, especialmente aquellos que mantuvieron su independencia, han sido objeto de todo tipo de ataques, directos e indirectos. Recordemos que varias entidades periodísticas han soportado las presiones de organismos de control del Estado, en el fondo, para tratar de acallar voces de crítica a medidas gubernamentales o limitar las labores periodísticas.
Por el contrario, los medios considerados oficialistas han recibido hasta ingente apoyo económico, aunque no gocen de la preferencia popular.
Entre los graves atropellos a gente de prensa está el caso Las Londras, registrado el 28 de octubre de 2021, en la provincia Guarayos, Santa Cruz, donde avasalladores enfrentaron a balazos a policías y secuestraron a periodistas, los que fueron agredidos violentamente. Y aunque algunos agresores fueron detenidos, paulatinamente son liberados, lo que muestra que el Estado no protege debidamente a la prensa.
Y recientemente el presidente interino del Banco Central de Bolivia hizo conocer el “Informe de Estabilidad Financiera a julio de 2023”, pero sin la presencia de periodistas, porque se les había prohibido su ingreso, lo que hace deducir que fue un documento cuestionable, sin la solidez necesaria, precisamente ahora que la realidad económica que percibe la población es crítica, particularmente por erradas políticas económicas gubernamentales.
En todo caso, el oportuno pronunciamiento de la ANP se suma a otros como el de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz que hace poco demandó que las autoridades “investiguen y sancionen a los autores de agresiones y amenazas contra los trabajadores de la prensa”, sector que sufrió al menos 60 agresiones en 21 meses.