La vicepresidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib), Miriam Pariamo, se quebró en llanto en medio de una conferencia de prensa realizada ayer al contar que a diario ve morir a su gente por diferentes padecimientos producto de la contaminación minera.
“Venimos, desde el 2011, sufriendo una represión por reclamar nuestros derechos. Para los indígenas no hay justicia; sin embargo, en temas políticos por cualquier cosa meten presos, pero ¿qué hay de nosotras que vivimos en la ribera de los ríos? Vemos a nuestra gente cada día morir con dolor de estómago, con diarrea. ¿Acaso no sienten lástima? Nosotras de verdad ya estamos cansadas”, declaró entre lágrimas Pariamo.
La líder de las mujeres indígenas hizo esas declaraciones después que el ministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Rubén Méndez, dijo que durante su infancia vivió frente a una mina en el departamento de Potosí y jugó con mercurio; con eso, puso en duda los efectos la contaminación del metal líquido en la salud humana. Luego se retractó alegando que sus declaraciones fueron tergiversadas.
Pariamo calificó como una pena las afirmaciones de una alta autoridad llamada a precautelar el medio ambiente. Anunció que las mujeres indígenas sacarán un voto resolutivo rechazando esas declaraciones porque refleja que Méndez no está consciente del cuidado del medio ambiente y de las personas que sufren los efectos de la contaminación por el mercurio.
En ese marco, los impulsores del pre Foro Social Panamazónico (Pre Fospa) dieron ayer en conferencia de prensa a anunciar que entregarán al Gobierno, y a otras instituciones, el documento de conclusiones del foro que apunta al cuidado de la Amazonía firmada por 62 organizaciones, 26 instituciones y 5 representaciones de redes internacionales.
Entre las conclusiones del encuentro, desarrollado en julio, los indígenas exigen el reconocimiento pleno de los derechos colectivos y territoriales de saneamiento y titulación de territorios originarios; el respeto a la autonomía y libre determinación; la aplicación del derecho a la consulta previa, libre e informada, respeto a los mecanismos de defensa del territorio, rechazando la criminalización y persecución a defensores de derechos. También advierte el riesgo de aplicar políticas que, bajo el supuesto de reducir la contaminación, promoverán la deforestación de bosques y otras afectaciones sociales y ambientales.
Además, el documento plantea la promoción de modelos de desarrollo productivos sostenibles, coherentes con la vocación de la tierra y de acuerdo con la cosmovisión de los pueblos indígenas, basados en la agroecología, gestión integral de los territorios, turismo sostenible y comunitario y otras alternativas similares.
El Foro Social Panamazónico es una articulación que une a nueve países de la región. Bolivia será sede del próximo encuentro internacional previsto para el 2024.
DENUNCIA INTERNACIONAL
El tsiman Rosendo Medina, presidente de la organización indígena sector Yacuma, Beni, cuestionó que el Gobierno, en contubernio con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam), vulneren sus derechos de indígenas y ni siquiera traigan atención médica a la población que termina afectada.
Además, denunció que la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Beni denegó la acción popular que interpusieron los indígenas del sector Yacuma en demanda de que garantice sus derechos de propiedad de tierras de posesión ancestral. Anunció que llevará el caso ante instancias internacionales.
“El INRA no quiere reconocer nuestro territorio. Ahora, la acción que queremos tomar es presentar el caso ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, indicó. (ANF)