El problema de la caída de la producción de gas, no es sólo la exploración, sino la gestión integral de todo el sector de hidrocarburos, por lo que se requiere una nueva política energética de la cual se desprenda una política sectorial plasmada en una ley orientada a reactivar la exploración, en un marco de respeto al medio ambiente, así como la promoción de la gestión de mercados para el gas natural, de acuerdo a un análisis de la Fundación Jubileo.
«Nuestros principales compradores, como Brasil y Argentina, hoy se han convertido en competidores; las reservas probadas de hidrocarburos han disminuido significativamente; la demanda, tanto de gas natural como de combustibles líquidos en el mercado interno, ha crecido de manera constante en los últimos 18 años, y los mismos son vendidos a precios subvencionados, en el marco de una política cada vez más insostenible en el tiempo», señala Jubileo.
«Desde el 2014, más o menos, hay una declinación en la producción que lamentablemente ha ido cayendo hasta tocar fondo», dijo el presidente Luis Arce, en un discurso en Oruro, ante autoridades municipales.
Esa afirmación lo vienen realizando expertos en el tema desde el 2014, cuando empezaron a reducir los ingresos por la venta de los hidrocarburos, debido a la caída de la producción de gas natural.
Por eso señala Jubileo que aunque la información no es una novedad, es un avance que la principal autoridad del país haya sincerado la realidad que varias instituciones veníamos advirtiendo desde hace ocho años.
En la gestión 2008, el Gobierno de la época presentó la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos que planificaba alcanzar una producción promedio de 83 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas natural para el año 2020.
Luego de observar que la producción real se iba alejando cada vez más de lo proyectado, el mismo Gobierno elaboró el Plan Sectorial del Sector Hidrocarburos 2016-2020 ajustando las metas anuales, de tal forma que para el 2020 se debería alcanzar una producción promedio de 73 MMmcd; sin embargo, ese propósito tampoco ocurrió.
La baja en la producción de hidrocarburos no surgió en la coyuntura actual. La caída empezó el 2015 y es resultado de la falta de exploración durante los últimos 18 años, desde que está vigente la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 y la llamada «nacionalización»de 2006. El único campo nuevo que tiene el país en este período es Incahuasi que empezó a ser explorado el 2003 e inició la producción en agosto de 2016.
El 2015, el Gobierno ya conocía esa situación y ajustó la planificación. Desde este año, el Gobierno ha ensayado diferentes medidas, desde la flexibilización ambiental con el D.S. Nº 2366 que autorizó la exploración en parques naturales, hasta la Ley de Incentivos Nº 767 que confiscó el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a todos los beneficiarios, con la finalidad de incentivar la exploración vía incremento de precios; adicionalmente, se desarrollaron al menos cuatro planes de reactivación del upstream, ninguno de ellos ha tenido resultado. El indicador es que la producción de hidrocarburos ha seguido cayendo en los últimos ocho años.
“Todo esto muestra que el problema es estructural, es decir, la política hidrocarburífera orientada a la captura de renta y monopolio estatal implementada desde mayo de 2005, profundizada luego con el D.S. 28701 de «nacionalización» y la propia Constitución de 2009”, sostiene Jubileo.
Desde el año 2005, en promedio, cerca de 81% de la renta petrolera se queda en el Estado, a lo que acompaña una alta inseguridad jurídica luego de un intento de nacionalización, aspectos que han sido contrarios a la atracción de inversión privada con capital de riesgo para promover la exploración.
Si bien los sectores de hidrocarburos y minería son de largo plazo, lo que se haga ahora tendrá resultados en los próximos 10 o 15 años, es importante subrayar que el entorno del negocio, en el caso de hidrocarburos, ha cambiado sustancialmente con relación al que se tenía hace 20 años, explica la Fundación.
Sin embargo, en el Gobierno al parecer hay dos visiones, una de avanzar en la elaboración de una nueva ley para mejorar el sector de hidrocarburos con inversión privada, pero por el otro sólo quieren una norma para alentar las alianzas público privadas para la exploración.
