El director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, Douglas Gonzalo Uzquiano, advirtió a los policiales con sanciones ante posibles cobros para ejecutar los mandamientos de apremio en casos de asistencia familiar
“No hay ninguna medida interna que nos faculte a hacer cobros de estos montos de dinero ni del 5% ni del 10%, es algo que lo realizamos de manera gratuita. Eso quiere decir que nosotros tenemos que dar cumplimiento a una orden de un juez”, declaró la autoridad policial.
En contacto con la ANF, el director general respondió y envió un mensaje a aquellos efectivos policiales que probablemente están haciendo cobros al margen de las normas, ya que la ejecución de un mandamiento de apremio no amerita ningún pago.
Esta agencia de noticias recibió una denuncia de una mujer que pidió a dos policías el apremio del padre de su hija, pero los efectivos a los que consultó le pidieron el 10 o 5% del total de la asistencia familiar.
La madre de familia es de escasos recursos económicos, su situación le obligó a recurrir a la justicia para que su expareja cumpla con su responsabilidad de manutención de su hija. Después de tres años de no recibir las pensiones, el juez estableció que la deuda es de más de Bs 20.000.
Un 10 o 5%, que es el cobro que hicieron estos efectivos, representaría 2.000 o 1.000 bolivianos, que para la mujer es un monto que es significativo para su economía.
Uzquiano agregó que los efectivos que cometan esta posible irregularidad pueden ser pasibles a sanciones, solo se necesitaría la denuncia de la víctima, que puede presentarla en la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (DIDIPI) o ante cualquier autoridad superior de la institución verde olivo, como el Comandante Departamental de la Policía o el Comandante de la EPI.
Paralelamente la denuncia puede ser presentada ante el Ministerio Público, la víctima tiene esas dos opciones para sentar su queja sobre el proceder de un efectivo policial que debe estar al servicio de la población.
Reiteró que los policías independientemente estén en servicio o en su tiempo de descanso siguen siendo funcionarios de la Policía, por lo tanto, deben cumplir una orden judicial “sin cobrar ni un solo peso”.
La abogada de Mujeres Creando, Heidy Gil, aseguró que en los procesos familiares “todo es gratuito, nada se cobra”. “El problema aquí es que los policías (incurren) en una corrupción total, no todos, pero estos policías están haciendo algo totalmente ilegal”.
Argumentó que los efectivos son funcionarios públicos, además es su “obligación” dar cumplimiento a una orden judicial. Precisó que no existe en ninguna norma que los policías tengan que “cobrar” toda vez que son sus funciones. (ANF)