La especulación con el suelo urbano viene de muchos años, cuando las ciudades empezaron a crecer. En aquel tiempo, corría la década de los sesenta del siglo pasado. Entonces se la conocía como “terrenos de engorde”, espacios baldíos en medio de viviendas, donde el propietario no construía, tampoco los vendía, esperando el efecto plusvalía, o sea el mayor valor que adquirían como resultado de las obras de infraestructura que las Alcaldías ejecutaban para mejorar el paisaje de la ciudad unas veces, y por presión social, en otras. Las urbes fueron extendiéndose más a lo largo que a lo alto.
Ya desde ese tiempo se vinculó a las autoridades de los municipios en el comercio de suelos, porque conociendo dónde se abrirían calles y se instalarían servicios, rescataban lotes para después revenderlos con nuevos precios, triplicando utilidades. Se conoce que un Alcalde hizo fortuna utilizando «palos blancos”. Asimismo, las tierras rurales circunvecinas empezaron a ser «loteadas”, activando la construcción de viviendas, en tales casos el «loteador› estaba solamente obligado a dejar áreas de tributación, como ser calles y plazuelas.
Con el paso de los años, la tierra urbana se convirtió en un bien fuertemente cotizable, de manera que surgieron «inversionistas» que compraban tierras por hectáreas, para luego venderlas en lotes de metros cuadrados, comercializándolas con pagos de cuotas a largo plazo, facilitando la compra, de manera que una persona adquiría varios lotes a la vez.
La historia continúa cuando esos loteadores, en concusión con la Alcaldía, conseguían la realización de obras de mejora urbana por zonas de su interés comercial. Esos nuevos barrios exigirían pronto servicios: luz, agua y alcantarilla.
Luego los «inversionistas» encontraron que un mejor aprovechamiento en la rentabilidad del suelo urbano, pasaba por la construcción de edificios de varios pisos, (multifamiliares fue su nombre inicial), de tal modo que, en no más de mil metros cuadrados cabían quince familias, que de forma unifamiliar servirían para dos o tres, de esa manera las ciudades empezaron a crecer a lo alto, y así nacieron los “condominios”.
Para resolver estos aspectos de terrenos y construcciones fueron creadas las oficinas del Plan Regulador, repartición a la cual le delegaron atribuciones municipales. Actualmente esas funciones están a cargo de diferentes reparticiones (la Secretaria municipal de planificación para el desarrollo, en el caso de Santa Cruz).
De estas oficinas, en los hechos, surgía la planificación pragmática para la extensión de las ciudades, bajo un criterio comercial-inmobiliario, pues su mayor servicio consistía en aprobar planos de loteamiento y proyectos de construcción para su venta inmediata. Se habla mucho de esas oficinas, de sus bondades y desaciertos, pero sobre todo de sus criterios para rodear las ciudades de condominios, sin considerar la vocación que tengan esos suelos, esto es, descuidando los principios de zonificación: servicios, equipamiento, entretenimiento, industria liviana y vivienda.
En el caso de Santa Cruz, connotados expertos en planificación urbana observaron que no existe un plan para que la ciudad aplique conceptos de crecimiento y desarrollo. En tal caso tendrían que intervenir sociólogos, antropólogos, economistas urbanos y urbanistas.
Ciudadelas, villas y otras barriadas de formación espontánea, son más bien resultado de la oferta de lotes, ante la anomia municipal.
Otros opinan ahora que se debería imponer una pausa a la parcelación y lotización. Entretanto, el comercio con su mercancía, el suelo urbano, es un negocio anárquico e imparable.
La incapacidad y resignación del municipio no es buena para la comunidad, es imperativo un cambio.
El autor es periodista.