Frente a la falta de voluntad demostrada por autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para avanzar en la elaboración de una normativa que garantice las Elecciones Judiciales y encamine las reformas a la justicia, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, afirmó que será otro Gobierno el que se encargue de aplicar reformas en el sistema de justicia, tal como demanda la población.
En criterio del legislador paceño, el proceso para llevar adelante las Elecciones Judiciales, ya perdió toda oportunidad de realizarse, debido a las trabas y maniobras jurídicas a las que se recurrió para evitar su realización.
Por ello, responsabilizó a autoridades de Gobierno y del Legislativo, por la sistemática destrucción de todo acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas, todo con la finalidad de mantener el control sobre la administración de justicia y continuar usando al Órgano Judicial como brazo operativo para la persecución.
“El proceso de Elecciones Judiciales perdió la última oportunidad de realizarse, el Gobierno y la presidencia de la Cámara de Diputados se encargaron de destruir todos los consensos y los acuerdos alcanzados, dilatando los tiempos y desenmascarando sus intenciones totalitarias de mantener sometida a la justicia, contra la voluntad del soberano y las recomendaciones de instancias internacionales como las del GIEI”, refirió.
Recordó además que, parte de las sugerencias al Estado boliviano emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país para investigar las violaciones de derechos humanos cometidos entre septiembre y diciembre de 2019, recomendó la realización de Elecciones Judiciales ante la preocupación por la falta de independencia en el sistema de justicia nacional.
Sobre la postura de la alianza Comunidad Ciudadana, Reyes señaló que esta organización política siempre apostó por el diálogo y el consenso para alcanzar acuerdos que viabilicen la realización de los Comicios Judiciales, sin embargo, el Movimiento al Socialismo, que le dio “el tiro de gracia” a esta posibilidad.
Por lo expuesto, el legislador de oposición adelantó que será otra administración la que lleve adelante el conjunto de medidas destinadas a reformar la justicia nacional, pues en el actual Gobierno esta posibilidad es cada vez más remota.
“Será un Gobierno totalmente democrático quien más adelante lleve adelante una reforma judicial. Hasta ese momento, el MAS y la actual administración mantendrán secuestrada a la justicia”, finalizó.
En agosto de 2021, el GIEI, advirtió una falta de independencia de la administración de justicia en Bolivia no solo en ese período, sino como un problema estructural recurrente que se mantiene por años.
Patricia Tappatá, al momento de presentar el informe final de su visita al país, resaltó algunas observaciones sobre el funcionamiento de la justicia en Bolivia como: la falta de independencia de la administración de justicia; la ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política; el uso abusivo de la prisión preventiva; y, los obstáculos al derecho y acceso a la verdad y la justicia.
El GIEI advirtió que el Estado requiere implementar reformas profundas en su sistema de justicia, a fin de garantizar que la judicatura y el Ministerio Público “no sean utilizados para fines políticos por el gobierno de turno, se respeten las garantías al debido proceso y se utilice la detención preventiva de manera excepcional, como último recurso, en los procesos penales”.
La observación al funcionamiento del sistema de justicia permitió notar que magistrados, magistradas y fiscales “están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos, como se evidencia en el análisis de las investigaciones y los procesos judiciales a lo largo del informe”.
Asimismo, se hizo referencia a que “diversas organizaciones de la sociedad civil bolivianas ya habían denunciado una amplia gama de falencias en el sistema de justicia que impiden el desarrollo de sus funciones de manera independiente y efectiva”.
El GIEI Bolivia fue integrado por cinco personas expertas de alto nivel técnico profesional y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos: Juan Méndez, Julián Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá.
