Debido al continuo asedio por parte del régimen de Daniel Ortega, en contra de los sacerdotes de Nicaragua, ese país podría quedarse sin la presencia de este sector de los religiosos, siendo el último detenido el párroco Álvaro Toledo.
“Aproximadamente a las 10:30 pm la Policía llegó a casa cural y se llevaron a nuestro párroco Álvaro Toledo…”. Así también, lamentó la Diócesis de Estelí la captura de otro sacerdote. Pocos días antes, personas vestidas de civil se llevaron a la fuerza a los sacerdotes Iván Centeno y Julio Norori, quienes de la misma forma fueron llevados a la fuerza.
El sacerdocio es actualmente una actividad de alto riesgo en Nicaragua que controla Daniel Ortega, donde muchos hasta el momento ya fueron sacados del país, producto de muchas actitudes del régimen que no acepta una oposición.
Durante una misa por el Santísimo, el padre Álvaro Toledo, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Ocotal, lamentó la detención de sus dos compañeros y premonitoriamente comentó: “Por ahí andaba un rumor que a mí también me habían llevado, la verdad es que ya no sabemos. En cualquier momento nos puede tocar, pero tenemos la paz y la conciencia tranquila”.
Con la captura de Toledo, ya son 12 los sacerdotes que mantiene presos la dictadura de Daniel Ortega, en medio de una espiral de persecución religiosa, que según la investigadora Martha Patricia Molina “busca desaparecer a la Iglesia Católica de Nicaragua, solamente por algunos comentarios efectuados en algunas de las misas religiosas lo que no acepta el régimen de Ortega”.
La detención del religioso ocurre en medio de una fuerte tensión entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia católica, a la que acusa de haber participado en un “fallido golpe de Estado” en alusión a las protestas sociales que estallaron en abril de 2018.
La Diócesis de Estelí, un departamento ubicado a 160 kilómetros al norte de Managua, informó a través de su emisora Radio Stereo Fe que el arresto del padre Toledo se produjo en la noche del jueves pocas horas después de que se refiriera en una misa a la detención de otros religiosos de la zona.
La persecución religiosa sufrió un estrepitoso incremento en Nicaragua en estos últimos tres años, según detalla un reciente informe de Molina que registra 667 ataques contra la iglesia católica entre abril de 2018 y agosto de 2023.
Los ataques expuestos en el informe comprenden profanaciones, robos, daños a las infraestructuras religiosas, inmovilización de cuentas bancarias, confiscaciones, amenazas de muerte, difamaciones públicas, agresiones verbales y físicas, exilios, expulsiones, despojos de la nacionalidad, secuestros, encarcelamientos y mensajes de odio, entre otros.
La autora, nicaragüense en el exilio y abogada de profesión, advierte que el registro de agresiones puede ser menor al expuesto debido al silencio reiterado de los miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y la mayoría de las autoridades eclesiásticas, la escasa presencia de los medios de comunicación social, investigadores y de organismos de derechos humanos en el interior del país y el temor o prudencia de los laicos o miembros de los grupos religiosos al no documentar y exponer las hostilidades.
El informe señala que hasta agosto había cinco sacerdotes encarcelados, entre ellos el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por el régimen de Ortega, por supuesta traición a la patria y difusión de noticias falsas. Sin embargo, en los últimos días se conocieron siete casos más de sacerdotes encarcelados, cuatro de estos recluidos en el Seminario Menor de Managua.
Molina hace notar que las agresiones se ejecutan con fluctuaciones desde 2018, cuando se registraron 90 ataques a la Iglesia Católica, pero el comportamiento reflejado durante los tres últimos años demuestra un incremento estrepitoso.
En el 2022 se conocieron 171 ataques relacionados a la ola represiva contra la Iglesia Católica que desató la dictadura de Ortega, y en los primeros ocho meses de 2023 ya alcanzan las 203 agresiones. “Es un año funesto”, señala la investigadora.
Según el informe, 214 religiosos (nuncio apostólico, obispos, sacerdotes, religiosas, diáconos, seminaristas) fueron atacados, amenazados de muerte, difamados, intimidados, e impedidos a realizar su actividad pastoral en Nicaragua.
En los últimos años, el régimen también puso la mira en las propiedades de la iglesia católica. “Trece edificios privados pertenecientes a la Iglesia Católica fueron confiscados por el Gobierno de Nicaragua y en su mayoría convertidos en instituciones públicas”, manifiesta el informe que pone de ejemplo a la Universidad Juan Pablo II, propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, convertida en una universidad sandinista llamada Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, clara muestra de lo que está sucediendo como parte del régimen dictatorial de Daniel Ortega .
“La dictadura Ortega Murillo, despojó de su nacionalidad a 19 religiosos, de ellos, dos obispos, 14 sacerdotes, un diácono y dos seminaristas. De los religiosos despojados de su nacionalidad, 17 se encuentran exiliados y dos en Nicaragua (uno encarcelado y uno recluido en una casa de formación ubicada en Managua)”, añade.
Las celebraciones religiosas en las calles también fueron prohibidas. Solo en la Semana Santa pasada se prohibieron 3,176 procesiones en todo el país y ya se da por hecho que la Iglesia no puede manifestarse en las calles, bajo estricto control de las fuerzas implementadas por Ortega.
“Las prohibiciones no fueron plasmadas en un documento oficial de la dictadura, sino que se realizan por medio de visitas policiales a sacerdotes o también utilizan el mecanismo de llamadas telefónicas informando a la alta jerarquía de las prohibiciones y de esta forma logrando intimidar a los religiosos”, dice Molina.
“Ahora ya el padre ni siquiera espera que llegue la Policía a prohibirle. Como ya es costumbre que no los dejen salir en procesiones, entonces ya no lo están haciendo, producto de todas estas privaciones a expresar la religión que uno profesa de manera libre”, agrega.
Para la investigadora, la persecución religiosa en Nicaragua es alarmante y lamenta que la comunidad internacional no esté poniendo la debida atención a esta tragedia. “Nicaragua se está quedando sin sacerdotes, porque la dictadura busca desaparecer a la Iglesia Católica y de esta forma lograr que nadie se interponga en su camino de la dictadura que se implementó desde hace años atrás”, dice.
Además de los sacerdotes presos, 83 monjas y 68 religiosos fueron desarraigados del país ya sea por expulsión (a extranjeros), destierro (a nacionales), prohibición de ingreso o exilio.
Antes de ser detenido, el sacerdote Álvaro Toledo, advertía en misa la crisis que vive la Iglesia Católica por falta de sacerdotes. “Nuestra diócesis se está quedando sin sacerdotes, no tenemos sacerdotes, pedimos a nuestro buen pastor abundantes vocaciones y a ellos estar en sus parroquias”, dijo. “Sin sacerdotes, un pueblo, espiritualmente, está muerto”.
Molina sostiene que existe un plan deliberado de drenar a la Iglesia Católica de sus sacerdotes con el propósito de hacerla desaparecer de Nicaragua. Dijo que en algunas parroquias se quedaron sin sacerdotes, elementos paramilitares manifestaron que no permitirán que se reponga por otro, órdenes precisas de la dictadura. “Eso es grave y estuvo sucediendo en estos últimos días”, lamenta.
Según el monitoreo que mantiene, se sabe que el régimen de Ortega destina al menos a tres agentes por parroquia para la vigilancia de los sacerdotes. Estos merodean, vigilan, intimidan y graban las misas. “Es una vigilancia permanente. Si el evangelio del día toca un tema de justicia, democracia o paz, los paramilitares o los policías dicen ‘ah, ya está hablando de política’, lo informan y la Policía llega a visitar y amenazar al sacerdote, actitud que se ha visto de un tiempo a esta parte en todas las casas religiosas del país”, explica Molina.
“Están dejando sin sacerdotes a Nicaragua. Van a desaparecer a la iglesia. Todavía están en ese proceso”, dijo y teme que la dictadura de Ortega cierre las casas de formación de sacerdotes “para evitar que sigan naciendo nuevas vocaciones, principalmente, intentan a que no se hable sobre el Gobierno en contra del régimen y se repongan los sacerdotes que ya están faltando. (Infobae)
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