La independencia judicial es un principio fundamental en un Estado de derecho y se refiere a la capacidad del sistema judicial para tomar decisiones libres de influencias externas o interferencias políticas, lo cual, en las actuales circunstancias, se ha convertido en una quimera.
No obstante que la relación entre el poder y el derecho es un recordatorio de la complejidad de la vida política y social. La construcción de sociedades justas y democráticas requiere un equilibrio delicado entre éstas, con un sistema legal sólido que limite el poder arbitrario y garantice la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. En esta interacción constante, reside el desafío y la esperanza de una sociedad que busca el bienestar y la justicia para todos sus miembros.
Esta relación puede ser entendida como un constante flujo de influencia mutua, donde el poder puede moldear las leyes y el derecho, y, a su vez, el derecho puede actuar como un contrapeso al poder arbitrario.
Uno de los aspectos fundamentales de esta relación es el papel del derecho como un mecanismo de limitación del poder. En una sociedad democrática, el derecho establece un conjunto de reglas y normas que todos los ciudadanos, incluidos aquellos en posiciones de poder, deben seguir. Esto garantiza que el poder se ejerza dentro de límites definidos y de manera justa, evitando abusos y asegurando que las libertades individuales sean respetadas. Este principio es esencial para mantener la estabilidad y la equidad en cualquier sociedad.
Sin embargo, la relación entre el poder y el derecho no es siempre armoniosa. El poder puede ejercer influencia sobre la creación y aplicación de leyes para satisfacer sus propios intereses, lo que puede socavar la integridad del sistema legal.
Por eso se subraya la importancia de una justicia independiente y de un sistema legal transparente que garantice que el poder no pueda manipular el derecho para su propio beneficio. La vigilancia constante y la rendición de cuentas son esenciales para preservar el equilibrio entre estas dos fuerzas.
La correlación entre el poder y el derecho también plantea preguntas sobre la ética y la moral en la toma de decisiones políticas y legales. La influencia del poder puede a veces llevar a la promulgación de leyes que pueden ser cuestionadas desde una perspectiva ética o de derechos humanos. Es aquí donde el activismo, la sociedad civil y los defensores de los derechos juegan un papel importante, al presionar por cambios y reformas legales que reflejen los valores democráticos y protejan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
El equilibrio entre el poder y el derecho es un reflejo del desafío constante y la esperanza de construir y mantener sociedades justas y democráticas. Este equilibrio debe ser vigilado y preservado con diligencia, con un compromiso continuo con los valores democráticos y la igualdad ante la ley como pilares fundamentales para lograr una sociedad que busque el bienestar y la justicia para todos sus miembros. La interacción entre el poder y el derecho, en toda su complejidad, es esencial para lograr este objetivo.
Es importante destacar que la independencia judicial es fundamental para garantizar la equidad, la justicia y el Estado de derecho en cualquier sociedad. La falta de independencia judicial puede llevar a la injusticia y la erosión de las libertades civiles. La situación de la independencia judicial puede variar ampliamente según el país y puede ser objeto de escrutinio y presión internacional cuando se ve amenazada, ya lo señaló César Muñoz, investigador en Bolivia de la organización defensora de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), “la falta de independencia de la justicia en Bolivia es grave”.
El autor es politólogo – abogado y docente universitario.
rcoteja100@gmail.com