La sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que anula la declaratoria departamental de reserva de diferentes áreas protegidas, pone en riesgo 3 millones de hectáreas no sólo de Santa Cruz, sino de todo el país, afirmó Diego Gutiérrez, experto en derecho ambiental. Legisladoras alistan demandas contra los magistrados.
“Esta sentencia pone en riesgo 3 millones de hectáreas de estas reservas naturales que estaban bajo una modalidad de conservación, dentro del régimen departamental y bajo la competencia constitucional de conservación del patrimonio natural y una ley departamental que establecía todos los mecanismos y protección para garantizar múltiples procesos ambientales”, afirmó a la ANF el experto.
El martes, la Gobernación de Santa Cruz hizo conocer que el TCP le envió un correo electrónico en el que le notificaba la sentencia 0076/2023 que declara la nulidad de la Ley Departamental 98 en varios de su artículo, quitando a la Gobernación la competencia del manejo, cuidado y protección de las Unidades de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN).
NUEVA PROPUESTA
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, enviará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) para reemplazar la ley departamental N°98 (Ley Departamental de Conservación del Patrimonio Departamental, que fue anulada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a través de una sentencia.
El asesor de Gestión, Efraín Suárez, dijo que el gobernador Camacho no se va a quedar con los brazos cruzados y hará uso de las Autonomías, porque el TCP no puede arrebatar una competencia que es concurrente de la Gobernación de Santa Cruz y otra competencia que es exclusiva, como lo es el Ordenamiento Territorial.
«En los próximos días el Gobernador enviará a la ALD un proyecto de ley departamental para que reemplace la ley N°98, de esta forma Santa Cruz no va a quedar desprotegida por la sentencia nefasta del TCP, que actuó al margen de la constitución», anunció Suárez.
Agregó que no existe forma de justificar la anulación de ciertos artículos de la Ley N°98, que fue creada en base a una comunicación concurrente de la Gobernación y una competencia exclusiva.
IRREGULARIDADES EN EL PROCESO
Por otra parte, Suárez observó que en la sentencia constitucional, de los nueve magistrados, cuatro de ellos votaron en contra de la anulación de los artículos de esta ley.
«Una de las magistradas dice que se siguió el proceso regular, es un proceso irregular la anulación de estos artículos, por tanto queda puntualmente establecido por un voto disidente que el TCP actuó en contra de la Constitución Política del Estado», concluyó Suárez. (La Paz, ANF y Santa Cruz, con datos de la Gobernación de Santa Cruz)