La Sala Constitucional Primera concedió ayer la tutela solicitada por la Defensoría del Pueblo y determinó que el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro), en un plazo de 72 horas hábiles, deberá acreditar o designar los laboratorios que puedan realizar los análisis sobre la calidad del agua que se distribuye en La Paz y el eje metropolitano.
El pasado 6 de octubre, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, interpuso una acción popular sobre la calidad del agua en La Paz, ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), porque no alcanza a los estándares de potabilidad de consumo humano.
“La calidad del agua es un tema de salud pública”, señaló el vocal Israel Campero, en la parte resolutiva de la audiencia donde se dirimió la acción popular.
Las instituciones accionadas son: la Empresa Pública Social de Agua (Epsas) S.A., la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua y Saneamiento (AAPS), el Servicio Departamental de Salud (Sedes), y el Viceministerio de Promoción y Vigilancia Epidemiológica.
El representante legal de la Defensoría del Pueblo, explicó ante los vocales de la Sala Constitucional Primera, que dos informes científicos, del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Gamlp) y de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), daban cuenta de la existencia de cadmio, y bacterias como la E. Coli y amebas en el líquido elemento que consumen los paceños.
Según se expuso en la audiencia, dichos estudios fueron realizados en la represa de Hampaturi, por parte del Gamlp; y en diversos puntos dentro del sistema de distribución del recurso hídrico de Epsas S.A. Ambos reportes científicos hacen suponer que las autoridades de las instituciones accionadas no estarían cumpliendo sus funciones.
“Si dos instituciones nos dicen que las cosas no se están haciendo bien entonces apliquemos el principio precautorio, es decir necesitamos evidencia científica, pero de laboratorios independientes que no estén vinculados a las autoridades que están accionadas, porque necesitamos certezas. Si no tenemos esto, estamos ante una latente violación de derechos”, afirmó.