En la Unión Europea (UE) varios productos, sobre todo los agrícolas, están sujetos a regulaciones que viene al caso analizar. Consiste en que cuando el precio es más alto del que se determina, la diferencia es un ingreso para el “Fondo de compensación” –no para el productor– y cuando es a la inversa, o sea el precio resulta más bajo, el productor recibe un reintegro a cargo del Fondo, que le permite alcanzar siempre el precio definido. Esta es una explicación sencilla de cómo funciona el sistema.
En Bolivia, como en otros países de Latinoamérica se desconoce este procedimiento, lo usual es que cuando los precios del mercado suben, esas diferencias son ingresos adicionales para el productor, o sea al capital –así lo diría Marx– y no participa con ningún porcentaje la mano de obra, o sea el trabajador. A todas luces parece injusta la situación.
También desde la UE llegó otro tema que es interesante indagar, el concepto de “Precio justo”, que en su versión original se construye con el siguiente criterio: determinados los costos se suma un porcentaje por depreciación y nuevas inversiones, finalmente se agrega otro porcentaje como utilidad para el vendedor, el resultado es el “Justo precio”.
Una mala copia se aplicó en nuestro país y se puso de moda sobre todo para la venta de productos en ferias y mercados, directamente del productor al consumidor, (con el solo propósito de evitar intermediarios), figura pregonada desde los ministerios del anterior gobierno y por el mismo vicepresidente. Pasó la moda y hoy ya nadie se acuerda del “Precio justo” y predominan precios caprichosos de agiotaje en productos agrícolas.
Siguiendo con la Unión Europea (UE) y las malas copias que hace Bolivia, decimos que la más incompleta, por tanto, incorrecta, se refiere a los denominados “movimientos sociales”.
La vigencia en los países europeos es normal e incluyente a todo nivel social, para personas asociadas según sea su condición o estatus profesional. En la UE son “movimientos sociales” las agrupaciones de arquitectos, médicos y cualquier otra profesión, los conductores de vehículos y las empleadas de servicios, también lo son. Ocurrió que cuando esa categoría fue aplicada en Bolivia, en curiosa transformación se extendió únicamente a los habitantes rurales, y algunos sectores de obreros, convirtiéndolos, sin escrúpulo, en aliados del gobierno. En Europa todos pueden ser movimientos sociales, en Bolivia solamente algunos, y eso, por decisión del gobierno. No se trata solamente de una mala copia, es más bien una aplicación deformada, estigmatizada, negando pertenencia a otros sectores de la población, Así resultó que en este país fueron discriminados: gremiales, transportistas, orfebres y profesionales, entre otros, negándoles la pertenencia a los “movimientos sociales” (confundiendo quizá con los llamados movimientos indígenas). La idea más general de movimiento social es definida como “una forma de acción colectiva, en la cual un grupo más o menos organizado, recurre a acciones, a fin de promover o impedir ciertos cambios…”.
Este concepto no deja dudas que es incluyente a cualquier grupo social; aunque como se ve, por urdida estrategia, el partido gobernante, deliberadamente, eligió como tales solamente a los quechuas y aimaras. Esa construcción maliciosa dejó afuera a otros sectores, cuando en la realidad pueden ser movimiento todos los ciudadanos como grupo organizado; en Bolivia se la hizo sesgada, más bien fue una falacia, propiciando de esa manera una idea falsa sobre esta cuestión.
Ya no cabe duda, por el contrario, queda claro que los bolivianos, agrupados de alguna manera, son de por sí “movimientos sociales”.
El autor es periodista.