Después que el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Freddy Machicado, se acogió a un proceso abreviado, inculpándose por la toma del mercado ilegal, el abogado Jorge Valda, manifestó que este extremo puede perjudicar a César Apaza, quien permanece detenido en la cárcel de San Pedro de La Paz, a pesar de su delicado estado de salud.
“Mientras estaba en la cárcel, Freddy Machicado, se convierte en vocero del Gobierno y empieza a hablar con cada uno de los detenidos para que se sometan a un procedimiento abreviado, lo que significa que si se declaran culpables van a salir con una pena reducida y con eso volver a sus casas. Muchos aceptaron, otros como César Apaza no lo hicieron y de pronto, misteriosamente el 4 de octubre, el juez Luis García Mamani declara el caso en reserva y el 7 de octubre aparece Machicado en instalaciones de Adepcoca (…). La dirigencia los está mintiendo porque Freddy Machicado es un traidor, se atrevió a amenazar a César Apaza, estando tendido en su cama, sometido a graves problemas de salud, no puede recuperar el movimiento de su cuerpo, no puede abrir el ojo izquierdo, habla con una lentitud propia de una persona que se está recuperando de un problema neurológico serio y Freddy Machicado le dice sino te declaras culpable seguramente te van a volver a llevar a Chonchocoro (…)”, dijo el abogado Jorge Valda.
Por otro lado, uno de los dirigentes del Comité de Autodefensa de Adepcoca, Jenrri Quispe, en declaraciones a Sumando Voces, dijo que es decisión personal acogerse a un juicio abreviado, pero “inculparse da a pensar que toda la culpabilidad le va a llegar a Cesar (Apaza), lo están dejando como una garantía”.
Quispe dice no estar de acuerdo con la presidencia de Machicado y su directorio porque no hubo pronunciamientos concretos en favor de la liberación de Apaza y, por el contrario, considera que ahora está alineado al gobierno de Luis Arce.
“Estamos pidiendo que convoquen a nuevas elecciones porque nunca se ha pronunciado a favor de César Apaza, da mucho que pensar, por tal motivo no estamos de acuerdo con esta directiva actual”, dijo.
Quispe es oriundo de Huancané, del municipio de Chulumani, y estuvo pendiente de la salud de Apaza en su estadía en la cárcel.
Machicado, por su parte, dijo que trabajará para la liberación de Apaza y otros dirigentes que se encuentran presos.
“El compromiso de mi persona, tanto del equipo técnico-jurídico, estamos iniciando desde ya un trabajo para que desde las próximas horas podamos tener no solamente a César Apaza, están ahí nuestro hermano Juan Cocarico, (Daynor) Choque Chuquimia, es el compromiso con las familias, es el compromiso con todos nuestros hermanos socios”, dijo Machicado tras obtener su libertad.
Al respecto, Miriam Apaza, hermana de César Apaza, pidió que la dirigencia priorice la defensa de su hermano porque saben que es inocente.
“Nosotros pedimos que ellos prioricen la situación de los detenidos, que exijan la liberación de mi hermano (César Apaza), ellos saben que todos son inocentes y todos saben que fueron inculpados por temas políticos. Además, deben tomar en cuenta que en el caso de mi hermano está delicado de salud y necesita atención médica”, dijo Miriam Apaza a ANF.
Se sumó a los pedidos de liberación, el periodista y analista, Andrés Gómez, quien escribió en su cuenta X: “Los fiscales azules imputaron a los dirigentes de Adepcoca, César Apaza y Freddy Machicado por 15 supuestos delitos. En más de 12 meses, no probaron nada. Ayer, el Gobierno ordenó liberar a Machicado. ¿Cuándo liberará a César que es tan inocente como Freddy?”.
Apaza y otros dirigentes fueron detenidos tras la toma del mercado ilegal de coca de Villa El Carmen en septiembre de 2022, que fue instalado por la dirigencia de Arnold Alanez, afín a Evo Morales. Entonces, Alanez contaba con el apoyo del gobierno de Arce, pero ahora quedó alineado únicamente a Morales y sin el apoyo del gobierno de Arce.
TORTURAS
Apaza fue brutalmente golpeado cuando fue detenido, al punto que quedó herido y un informe de la Defensoría del Pueblo estableció que sufrió trato cruel y degradante. Luego, estando preso en la cárcel de Chonchocoro sufrió una parálisis de una parte de su cuerpo y, pese a eso, fue enviado a la cárcel de San Pedro, donde permanece sin atención médica adecuada.
Al dirigente cocalero Julio César Apaza Tintaya, de 40 años, le cuesta abrir y cerrar el ojo derecho. Mientras habla con una voz de murmullo, su lengua parece trabarse. En medio de la poca luz de su estrecha y fría celda de la cárcel de San Pedro de La Paz, identificada como La Cueva 85, es visible la parálisis parcial de su rostro, pero en el penal no ha recibido las sesiones de fisioterapia recomendadas por los médicos, tras las secuelas de una hemiplejia sufrida en el lado derecho de su cuerpo durante su reclusión en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
Tendido en su cama, también es notorio que ha perdido peso y que está disminuido físicamente por sus afecciones. Un psiquiatra le ha diagnosticado depresión y ansiedad y está medicado, pero tampoco recibe terapia psicológica. Cuenta con una silla de ruedas para movilizarse con la ayuda de un compañero de celda, que es el encargado de cocinar para ambos.
“Todo mi mundo ha cambiado”, dijo para este reportaje a fines de julio, cuando fue visitado en su celda, en la sección de Los Pinos de la cárcel de San Pedro, donde cumple la detención preventiva que le impusieron el 23 de septiembre del 2022, imputado por quince delitos, tras liderar como presidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) una marcha multitudinaria de cinco días, del 4 al 8 de septiembre de 2022, desde Chulumani hasta La Paz.
La protesta exigía el cierre del mercado ilegal de coca creado por el dirigente Arnold Alanez, que en ese entonces contaba con el apoyo explícito del Gobierno de Luis Arce, pese a que esa nueva institución vulneraba la Ley de la Coca.
En la dirección de la protesta también estuvieron el presidente de Adepcoca, Freddy Machicado, que estaba con detención en San Pedro, pero prefirió no hacer declaraciones, y la vicepresidenta del Comité de Autodefensa, Rosalba Vargas, con detención domiciliaria en Irupana. Ella tiene la obligación de firmar un libro cada lunes en la Fiscalía de La Paz, pero no tiene permiso de trabajo para mantener a su familia.
CONFLICTO
El conflicto cocalero estalló el 8 de septiembre del 2022, con una refriega inicial entre los marchistas cocaleros y la Policía, que terminó replegándose ante la masiva movilización. El enfrentamiento entre los dos sectores cruzó petardos, bombas molotov y dinamitazos, después se produjo la quema al interior del mercado ilegal que también funcionaba con el nombre de Adepcoca. Los manifestantes gritaban afuera “Los Yungas de pie, nunca de rodillas”.
Apaza recuerda que decenas de miles de cocaleros se manifestaron y él sentía que las bases podían rebasar a los dirigentes en medio del enfrentamiento, pero asegura no haber participado en los actos violentos y cree que hubo infiltrados en los destrozos y en el incendio del mercado.
La abogada que patrocina a Apaza, Evelin Cossio, asegura haber presentado ante la Fiscalía más de treinta enlaces a vídeos de medios de comunicación sobre esa ocupación violenta como prueba de que en ellos no aparece el dirigente, aunque esos materiales aún no han sido analizados técnicamente por peritos de la Fiscalía, pese al tiempo transcurrido. Lo curioso es que, aunque se trató de un enfrentamiento, nunca se citó a los dirigentes del otro bando.
En la conversación en su celda, Apaza se expresó con una mezcla de “tristeza” debido a la precariedad económica en la que se encuentra su familia tras su detención, también de “indignación” porque, según dijo, considera una traición a las bases que dirigentes cocaleros se acercaran al Gobierno para negociar y finalmente de “frustración” por el curso de su juicio que ve como “una persecución política por defender el mercado de la coca”.
Durante esas protestas, Apaza insistía en que “lo ilegal no se negocia”. Hoy, dice que esa frase resonó en las movilizaciones “porque produjo un fuerte sentimiento entre las bases para defender el mercado de Adepcoca, de su sustento de vida y para rechazar la injerencia política”. “El otro mercado clandestino era para traer coca de las zonas rojas, para lo ilegal”, agregó en alusión al supuesto uso de parte de esa coca en el narcotráfico.
Apaza acaparó la atención social y mediática al perfilarse como un dirigente consecuente con las exigencias de las bases, aunque internamente otros dirigentes lo consideran radical. Sin embargo, su conducción cumplió el objetivo de los movilizados.
Inesperadamente, un año después, la administración de Luis Arce ha clausurado definitivamente el mercado paralelo con el argumento, expresado por su ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, de que es ilegal e incluso de que allí se encontró “coca choqueta” destinada al narcotráfico. Las dos decisiones más el reconocimiento de la propiedad intelectual del nombre de Adepcoca, de la zona Villa Fátima, le dieron la razón al movimiento yungueño y a César Apaza.
TORTURA, TRATOS CRUELES Y LA INVESTIGACIÓN DE LA CIDH
El caso de Apaza ha sido resonante porque desde su detención en la madrugada del 22 de septiembre del 2022, con el uso de la fuerza por parte de cinco agentes de Inteligencia de la Policía hubo vulneraciones a sus derechos a su integridad, salud y al debido proceso. Primero fue objeto de una golpiza durante su detención y luego un jefe policial lo forzó con lesiones e intimidación verbal en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen a firmar su orden de aprehensión, como denunció el dirigente cocalero.
Su caso ha motivado un informe de la Defensoría del Pueblo que estableció “tratos crueles y degradantes, calificación que llegaría a tortura una vez que se cuente con elementos que permitan medir la gravedad o severidad del daño a la víctima”.
La Fiscalía dispuso el inicio de un proceso disciplinario contra el fiscal de materia Carmelo Laura Yujra, por haber desoído los reclamos de Apaza porque fue golpeado y torturado por agentes policiales cuando fue detenido.
CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha puesto la lupa sobre el caso, exigiendo información al Estado a denuncia del abogado adjunto de Apaza, Jorge Valda, y de la diputada opositora Centa Rek, que pidieron medidas cautelares para el dirigente cocalero.
No obstante, es llamativo que la Procuraduría en su respuesta a la CIDH, del pasado 25 de mayo, ignore la resolución del 11 de mayo de la Defensoría que habla de tratos crueles y degradantes, y no hable de la misma. Pero, además, incluye datos que parecen errores como el de una supuesta persecución de agentes a Apaza hasta El Alto, cuando, según imágenes de vídeo, fue aprehendido a las puertas de la sede de Adepcoca en La Paz y luego trasladado por la misma Policía a El Alto.
También causa escepticismo un dato comunicado por la Procuraduría a la CIDH, en sentido de que entre el 15 de marzo y el 15 de mayo, Apaza habría recibido 174 visitas médicas de parte del personal de Régimen Penitenciario. En su celda, Apaza se quejó de la falta de atención médica.
“Desde el mes de marzo, para ser exacto el 16 de marzo del 2023, fecha en la cual él ha sido dado de alta arbitrariamente del Hospital de Clínicas, los médicos de este nosocomio han señalado de que él tenía que cumplir 15 sesiones de fisioterapia, las cuales no se han desarrollado”, dijo la abogada Cossio.
Tras su internación de emergencia entre febrero y marzo ante un posible accidente cerebro vascular, luego se le diagnosticó “un síndrome de dismovilidad secundario a trastorno adaptativo”, que es la imposibilidad de mover parte del cuerpo.
Sorprende la respuesta de la Procuraduría, en el contexto de un informe de la Defensoría de que “los centros penitenciarios presentan insuficiente cantidad de personal de salud (médico-odontólogo-enfermera), falta de medicamentos, improvisación en ambientes para la atención y servicios de emergencia, falta de equipos médicos para atención primaria y primeros auxilios”.
Apaza también ha sido diagnosticado con depresión y ansiedad por los que ha sido medicado. Según la misma Defensoría, la salud mental también es un área descuidada en las penitenciarias.
MÁS DETENCIÓN PREVENTIVA, PERO SIN VÍCTIMAS APERSONADAS
Entre las imputaciones a Apaza están los delitos de incendio, lesiones graves y leves, atentado contra bienes públicos, privación de libertad, robo agravado, secuestro, tráfico ilícito de armas, e instigación pública a delinquir.
Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, las investigaciones no han tenido avances porque, según la admisión del fiscal del caso, Bolívar Alvarado, de las 11 víctimas registradas para la investigación solo una se presentó ante un perito del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial, pero “no ha brindado la información necesaria por temor a represalias”, debido a las disputas entre los dos sectores cocaleros.
El retraso en la investigación por causa de las mismas supuestas víctimas le sirvió al fiscal para solicitar una nueva ampliación de la detención preventiva, que el vocal César Portocarrero aceptó hasta el 3 de noviembre, con el argumento de que es un caso complejo y con víctimas múltiples.
Al contrario, la abogada Cossio considera que la ausencia de las supuestas víctimas impide avanzar con el caso y por tanto, se incumple el debido proceso para el procesamiento de Apaza.
“¿Cómo se va a garantizar el normal desarrollo del proceso si las víctimas no están colaborando en las investigaciones y en cada audiencia (los fiscales) solamente se autolimitan a solicitar la ampliación de la detención preventiva?”, cuestionó Cossio. (EL DIARIO y ANF)
