Activistas fueron agredidos por atender caso de violación a menor

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (Apdhlp) denunció que una delegación de activistas que se trasladaron hasta la localidad de Uncía para atender el caso de una menor violada en una unidad educativa de esta población, fue agredida por comunarios que obstaculizaron las gestiones de esta instancia para hacer seguimiento a los actos para el esclarecimiento del hecho.
Ayer, la Apdhlp informó sobre esta agresión por parte de comunarios de la localidad referida, cuestionando que intereses sectoriales, en lugar de contribuir al esclarecimiento de los hechos, se enfoquen en tratar de encubrirlos mediante la intimidación a la víctima, su familia y también contra activistas de derechos humanos que hacen seguimiento del caso, a quienes incluso se amenazó con chicotazos y posibles linchamientos.
“Estos extremos son inadmisibles cuando tenemos una Constitución Política del Estado, una Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente y su respectivo Reglamento, aparte de la Ley 348 que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, que no sólo anteponen el interés supremo de las niñas, los niños y adolescentes, sino que reconocen para ellas y ellos la presunción de verdad, que obliga a las autoridades y servidores públicos a proceder con una investigación transparente, responsable y comprometida con la verdad”, señala un comunicado emitido por la Apdhlp.
Lamentando que una de las peores formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, como la violación se haya cometido contra una niña de apenas 10 años, por parte de un profesor de la Unidad Educativa donde estudia la menor, en la localidad de Uncía, la Apdhlp, expresó su profunda solidaridad con la víctima y su familia.
Además se respalda las gestiones de la presidenta de la APDH Llallagua, Cintia Flores, y los miembros de esta instancia, por el inminente riesgo a su integridad, por el compromiso asumido en defensa de los derechos vulnerados, esta vez, una niña de 10 años.
“Demandamos a las autoridades judiciales pertinentes y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Uncía, a realizar una investigación proba y transparente de los hechos, establecer las sanciones que correspondan, en el marco de la verdad y la justicia, sin atender a las presiones de que son objeto”, señala el comunicado, llamando a la reflexión de las organizaciones y personas que, sin medir consecuencias, provocan movilizaciones que solo contribuyen a la revictimización, a la injusticia y no al esclarecimiento del hecho.
La semana pasada, se conoció el caso de una niña de 10 años que fue violada por el regente de una unidad educativa en Uncía, Norte Potosí. Se conoce que la menor quedó embarazada.