La justicia es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, esta institución ha enfrentado una serie de desafíos que han erosionado su integridad y su capacidad para garantizar la equidad y el respeto de la ley. Uno de los problemas más acuciantes es el circulo vicioso y perverso de corrupción que se ha arraigado en el sistema judicial, un problema que afecta profundamente la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad y la eficiencia de la justicia.
La corrupción en la justicia boliviana es un fenómeno que comienza incluso antes de que las autoridades judiciales tomen sus cargos. El sistema de nominación y selección es notoriamente defectuoso, con muchas denuncias de por medio, por ej., que los postulantes han invertido cuantiosas sumas para llegar al cargo. Esto crea una dinámica perversa (circulo vicioso), desde que son envestidos tienen una deuda implícita con aquellos que los ayudaron a obtener su cargo, además, creen y quieren recuperar a como dé lugar la inversión realizada, en muchos de los casos, lamentablemente lo consiguen.
Esta presión puede manifestarse de diversas maneras, desde la aceptación de sobornos hasta la manipulación de casos para favorecer principalmente a los que tienen poder político y/o económico. Esta cadena de corrupción tiene graves consecuencias para la justicia boliviana y para la sociedad en su conjunto.
En primer lugar, la falta de independencia judicial socava la confianza pública en el sistema de justicia (según una última encuesta de Ipsos Ciesmori realizado por encargo de Unitas con el apoyo de International Center forNot-for-ProfitLaw, el 85% de la población considera que la justicia es poco confiable o nada confiable).
La corrupción en la justicia tiene un impacto negativo en el Estado de derecho. Cuando estas autoridades judiciales están dispuestas a favorecer a aquellos que les financiaron o ejercen presión sobre ellos, se socava la primacía de la ley y se crea un ambiente propicio para la impunidad. Esto puede llevar a un aumento en la criminalidad y a la erosión de la seguridad jurídica, lo que desanima la inversión y el desarrollo económico.
La solución a este problema no es sencilla, pero es fundamental realizar acciones concretas. Se requiere una reforma integral del sistema de nominación y selección no solo de las autoridades judiciales sino también de todo el personal, a fin de garantizar que los futuros impartidores de justicia sean seleccionados por sus méritos y capacidades (aunque no es suficiente). Asimismo, se debe establecer mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas para prevenir y sancionar la corrupción judicial.
Es esencial fomentar una cultura de integridad y ética en el sistema judicial sobre la conducta judicial, con programas de capacitación y sensibilización para los operadores de justicia “considerando que la confianza pública en el sistema judicial y en la autoridad moral y la integridad del poder judicial es de extrema importancia en una sociedad democrática moderna”, como señala uno de los principios de Bangalore.
La sociedad civil y los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la denuncia de la corrupción y en la presión para lograr reformas.
Aunque en nuestro país, salir a denunciar la corrupción no es fácil y esto puede atribuirse a una serie de factores complejos y multifacéticos, entre otros, miedo a represalias (p. ej. perder sus empleos); falta de confianza en el sistema de justicia (p. ej. que sus esfuerzos serán en vano); cultura de la impunidad (p. ej. que los corruptos rara vez son llevados ante la justicia y que la impunidad es la norma); riesgo para la seguridad (p. ej. denunciar puede poner en peligro la seguridad personal); falta de protección para denunciantes (p. ej. si no se sienten protegidas o seguras al denunciar, es menos probable que lo hagan); desconocimiento de los procedimientos (p. ej. la falta de información sobre cómo denunciar de manera segura y efectiva puede ser un impedimento); cultura de la corrupción (puede estar tan arraigada en la cultura que se percibe como normal o inevitable); desilusión y apatía (creer que la corrupción es un problema endémico e insuperable puede llevar a la apatía).
Países como Dinamarca, Suecia, Noruega, Singapur, Nueva Zelanda y otros, han sabido sobreponerse a esos males, ahora se encuentran en una posición expectable y se destacan (precisamente) por su compromiso con la integridad, la transparencia y la independencia judicial.
El autor es politólogo – abogado y docente universitario.
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