El fiscal general, Juan Lanchipa, informó ayer que la comisión de fiscales presentó la acusación formal por el caso denominado Sacaba, en relación a los hechos suscitados el 15 de noviembre de 2019 en inmediaciones del Puente Huayllani. Asimismo dijo que la acusación se funda en las declaraciones de 180 militares, 110 policías y 120 civiles.
“Durante el curso de las investigaciones, se procedió a recibir un total de 180 entrevistas informativas de efectivos militares así como 110 entrevistas de funcionarios policiales, del mismo modo se cuenta con la entrevista de 120 personas civiles que participaron en la marcha, constituyéndose lógicamente en testigos presenciales de los hechos, además de la recopilación de una cantidad considerable de pruebas documentales, entre informes, oficios, planes de operaciones, diarios de campaña, entre otros que suman 350 literales que serán producidas en el juicio oral, contándose también con 10 protocolos de autopsia, informes médicos e historiales clínicos de los heridos y 18 dictámenes periciales, entre otros elementos que sustentan la teoría del caso”, dijo Lanchipa.
El funcionario público, cuyo mandato concluye el 31 de diciembre de 2023, precisó que la acusación es contra la expresidenta Jeanine Añez; el exministro de Defensa, Luis Fernando Julio; el exministro de Gobierno, Arturo Murillo; el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana; el exjefe de Estado Mayor, Pablo Guerra; el excomandante General de la Fuerza Aérea; el excomandante General de la Armada Boliviana; el excomandante General del Ejército; el exinspector de las Fuerzas Armadas; el excomandante del C.E.O. Central de Cochabamba; el excomandante de la Séptima División del Ejército; el excomandante de la 2da. Brigada Aérea, el excomandante del Grupo Aéreo de Artillería y Defensa Antiaérea 92; el exsub Comandante del Grupo Aéreo de Artillería y Defensa Antiaérea 92; el excomandante del Regimiento de Fuerzas de Comandos Aéreo-Transportados 18 Victoria; el exjefe de Equipo del Grupo Contra Actos e Interferencia Ilícita; el excomandante General de la Policía y el excomandante Departamental de la Policía Boliviana.
JUICIO DE RESPONSABILIDADES
En anteriores entrevistas, el abogado y exalcalde de La Paz, Juan del Granado, aseguró que solo un juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez por las masacres de noviembre de 2019 garantizará justicia para las víctimas de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) y que, con los procesos en la vía ordinaria, el Gobierno está engañando la memoria de 20 víctimas de esos hechos.
Del Granado, quien impulsó el juicio de responsabilidades contra Luis García Meza por el golpe de Estado de 1980, dijo que todo gobernante, de facto o no, debe ir a juicio de responsabilidades, por delitos cometidos como tal.
“Jeanine Añez, por los supuestos delitos que hubiese cometido antes de ser presidenta y durante su ejercicio, tiene que ser objeto de juicio de responsabilidades. Estamos frente a falacias jurídicas de parte de los gobernantes cuando nos dicen que los delitos que ella hubiere cometido son antes, es decir cuando ella era senadora y por tanto le corresponde justicia ordinaria (…) eso es falso”, advirtió.
Recordó que García Meza fue dictador de facto y fue enjuiciado ante la entonces Corte Suprema de Justicia, por todos los delitos cometidos, incluyendo los actos delictivos previos a la toma del poder de facto.
“Hubiera sido ridículo y estúpido que, por el asesinato a Marcelo o el asalto a la COB, lo hubiéramos juzgado ante los jueces ordinarios, y por los otros delitos y masacres como la de la calle Harrington le hubiéramos hecho otro juicio ante la Corte Suprema”, indicó Del Granado.
Finalmente, Juan Del Granado dijo que el MAS y el Gobierno no están buscando investigación, justicia y reparación, solo están haciendo “politiquería, venganza y escarnio de las víctimas”.
NOVIEMBRE DE 2019
De acuerdo a la Fiscalía, la segunda semana de noviembre de 2019, diferentes sectores sociales del municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, determinaron ejercer su derecho a la “protesta pacífica”, en reclamo al ultraje de uno de los símbolos patrios y de los pueblos originarios como es la “Wiphala”, que fue quemada por un grupo de efectivos policiales, además de las agresiones que se registraron en contra de mujeres de pollera, por parte de efectivos policiales y otros grupos irregulares.
“En ese marco, el viernes 15 de noviembre de 2019, en horas de la tarde, un grupo de marchistas provenientes del Trópico de Cochabamba que se dirigía a la Plaza 14 de septiembre de esa ciudad, fue impedido en su paso y posteriormente reprimido violentamente por un contingente policial y militar que se encontraba desarrollando operaciones conjuntas, apostados en el Puente Huayllani, ubicado sobre la Av. Villazón, a la altura del kilómetro 10 del municipio de Sacaba”, se lee en una nota de la Fiscalía.