Como es de conocimiento público, representantes del sector empresarial y autoridades del área económica del gobierno se reunieron el pasado 6 de octubre y anunciaron una alianza para la “industrialización con sustitución de importaciones”. Los empresarios manifestaron su complacencia por la elaboración de una agenda junto con el gobierno, buscando la cooperación y complementación entre iniciativas privadas y gubernamentales.
Poco después, el gobierno nacional mediante el Decreto Supremo 5.040 hizo conocer la creación de la Empresa Pública Productiva Laboratorio Industria Farmacéutica Boliviana (LIFAB), para fabricar medicamentos sobre la base de “química, natural y tradicional». De las arcas nacionales saldrían más de tres mil millones de bolivianos para esa nueva empresa estatal. Sería una muestra de la pregonada “industrialización y sustitución de importaciones”.
Al respecto, no se puede olvidar que, por la política oficialista de intervenir en la economía nacional, durante el gobierno de Evo Morales han sido creadas más de 30 empresas estatales en varios rubros, sin embargo, lamentablemente, muchas de ellas deficitarias y que solo han servido para dar puestos de trabajo a partidarios del oficialismo. Hoy se persiste por andar por ese camino y el gobierno actual ha anunciado la instalación de cientos de plantas industriales con inversión millonaria.
Como no todo es color de rosa, ante tales ofertas, representantes de pequeñas empresas manifestaron que dar valor agregado a las materias primas es plausible, pero que algunas empresas estatales compiten con esas unidades empresariales, por lo que los perjuicios económicos son considerables. En el caso de LIFAB, también se puede prever perjuicios para los laboratorios nacionales, si no se logra una verdadera complementación con el gobierno.
En consecuencia, para aplicar medidas de tal naturaleza se requiere inicialmente profundos estudios de mercado, si no se quiere obrar con improvisación, solo para cumplir a raja tabla con lineamientos ideológicos, como los relacionados con el conocido intervencionismo del Estado en la economía.
Por otra parte, la experiencia ha demostrado que el crecimiento del país no puede depender solo de la extracción de recursos naturales, como gas, minerales, etc., y que se requiere la actividad privada como motor para avanzar hacia el desarrollo sostenible. La empresa privada requiere de apoyo, por ser fuente de ingresos económicos para las arcas nacionales, por el pago de impuestos, y por generar una importante cantidad de empleos formales.
El empresariado, mientras más apoyo real reciba de las autoridades, más fácilmente encontrará los caminos del crédito para modernizar su maquinaria y, con ello, aumentar la producción y crear más empleo; dos factores que el país requiere con urgencia. Es urgente, además, brindar seguridad jurídica a quienes pueden invertir para la creación de fuentes de producción, que cubran rubros aún no explotados, que hoy son llenados mediante el contrabando.