Durante los últimos veinte años las autoridades del Estado Plurinacional han predicado con insistencia que iban a luchar y poner fin al contrabando, que es una peligrosa actividad económica que no pocas veces ha originado la decadencia de algunos países que en otros tiempos gozaban de prosperidad. Por otro lado, autoridades de organismos privados denunciaron machaconamente que el mercado negro de productos de divisas clases, está destruyendo la industria nacional y causando notable pérdida de ingresos para el Estado. Pero las autoridades poco hacen al respecto.
Y es que, pese a campañas oficiales y extraoficiales, ese flagelo no solo ha seguido creciendo, sino que se ha desarrollado en proporciones enormes, con los agravantes de que algunas entidades oficiales permiten deliberadamente que el problema siga existiendo y haciendo de las suyas. Mientras, por otro lado, muchos productores industriales y agrícolas han alzado las manos, han suspendido operaciones y hasta han salido del país. No obstante, las autoridades no reaccionan como se espera.
En años recientes, se ha escuchado decir a funcionarios públicos que se iba a eliminar este mercado negro y luchar contra esa lacra “hasta las últimas consecuencias”. Sin embargo, pese a decomisos de artículos de contrabando, apresamiento de comerciantes ilegales, quema de camiones, muerte de personas, inclusive policías y militares, el contrabando crece más rápido y está ganando la batalla, con efectos catastróficos.
En tal sentido, solo considerando lo que se ve en últimos días, ese mal ha burlado todas las restricciones oficiales y ha invadido los mercados de consumo, con mangos, paltas, duraznos y otros provenientes de Perú y toda clase de pastas de Argentina y Chile. Es más, al parecer las autoridades no se han dado por aludidas o miran para otro lado. Además, los productos contrabandeados reciben la preferencia de los consumidores, que ya se han acostumbrado a adquirir productos extranjeros, pese a sus altos precios e inferior calidad en comparación con los bolivianos.
Es posible observar que el combate contra el contrabando es empírico, no hace referencia a las causas y menos a los efectos. Es más, esa forma de “luchar” contra el comercio irregular, lo único que hace es fomentarlo. Y es que la cuestión no es solo responsabilidad de funcionarios secundarios, sino de las más altas autoridades nacionales, que deben aplicar políticas económicas de Estado, para poner fin objetivamente al problema.