El concepto de Estado de Derecho y, más recientemente, el Estado Constitucional de Derecho, son fundamentales para la organización y el funcionamiento de una sociedad justa y democrática. Sin embargo, en el contexto boliviano, persisten desafíos significativos en cuanto al respeto y la obediencia de las leyes por parte de la ciudadanía.
El Estado de Derecho se refiere a un sistema en el cual todas las personas, incluyendo los líderes gubernamentales, están sujetas a las leyes y deben obedecerlas. El Estado Constitucional de Derecho lleva esta idea un paso más allá al enfatizar que las leyes deben estar en concordancia con la Constitución y que los derechos fundamentales de los ciudadanos deben ser respetados en todo momento.
A pesar de los avances en la legislación y la adopción de una Constitución en 2009 que estableció un marco para el Estado Constitucional de Derecho, Bolivia enfrenta varios desafíos en relación con el cumplimiento de las leyes.
Muchos bolivianos perciben que los poderosos o aquellos con conexiones políticas pueden eludir la aplicación de la ley. Esto mina la confianza en el sistema legal y puede llevar a la desobediencia. Tan pronto como la gente observa que los poderosos no enfrentan consecuencias por violar las leyes, puede desincentivar el cumplimiento de las leyes por parte de otros.
Para ciertos miembros de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y/o grupos marginados, el acceso a la justicia puede ser limitado debido a barreras económicas y geográficas. Esto puede fomentar la desconfianza en el sistema legal, pensando que no está disponible para ellos y, en consecuencia, pueden buscar resolver disputas de manera informal.
La corrupción en el sistema judicial y en otros sectores puede socavar la credibilidad de las leyes y desincentivar su cumplimiento. Una vez que los ciudadanos perciben que los funcionarios públicos o los jueces son corruptos, es menos probable que respeten las leyes.
La participación ciudadana en la formulación de leyes y políticas es esencial para garantizar que las leyes reflejen las necesidades y valores de la sociedad. La ausencia de participación puede llevar a la percepción de que las leyes son impuestas desde arriba y no tienen en cuenta las voces de la ciudadanía.
La falta de educación y conciencia legal puede contribuir a desobedecer las leyes. Cuando las personas no comprenden sus derechos y responsabilidades legales, es menos probable que las respeten.
La desconfianza en el gobierno y las instituciones gubernamentales puede llevar a la resistencia a obedecer las leyes. Cada vez que la gente percibe que el gobierno no está actuando en su mejor interés o que está involucrado en actos de corrupción, puede dudar de las leyes promulgadas por esas autoridades.
Las desigualdades económicas y sociales pueden dar lugar a la percepción de que las leyes no son aplicadas de manera equitativa. Apenas las personas sienten que el sistema legal no protege sus derechos o intereses, pueden ser más propensas a buscar sus propias soluciones fuera del marco legal. Bolivia, como muchos otros países, enfrenta desigualdades económicas y sociales significativas.
Es importante destacar que la desobediencia a las leyes puede variar ampliamente según la situación y el individuo. Hay que reconocer que no todas las personas en nuestro país desobedecen las leyes, muchas obedecen las leyes de manera responsable. Sin embargo, es esencial abordar estos desafíos sistémicos para fortalecer el Estado de Derecho y promover el cumplimiento de las leyes.
En definitiva, la falta de obediencia a las leyes tiene importantes implicaciones para la estabilidad y el desarrollo. El respeto por el Estado de Derecho es fundamental para garantizar un sistema justo y equitativo en el cual los derechos de todos los ciudadanos estén protegidos. Cuando las leyes no son obedecidas, se socava la legitimidad de las instituciones y se pone en riesgo la cohesión social.
El autor es Politólogo – Abogado y Docente Universitario.
rcoteja100@gmail.com