La Constitución Política del Estado define en el Artículo 385.I que “Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable”. Y el Art. 387.I dice: “El Estado deberá garantizar la conservación de los bosques naturales en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, la conservación y recuperación de la flora, fauna y áreas degradadas”.
El gobierno NO protege ni garantiza la conservación de los bosques, por el contrario, otorga esas tierras a sus “organizaciones sociales”, como prebendas por el apoyo que le brindan, con leyes inconstitucionales que permiten el avasallamiento, los incendios que provocan sequía, porque los árboles al ser quemados ya no generan humedad que en el aire se convierte en lluvia. A raíz de ello hay sequía, y mueren los humanos y animales por los incendios.
El SENAMI indica que aumentó la intensidad de calor en Santa Cruz, con 42º en la zona amazónica de la Chiquitania, con 42º en San Borja, Trinidad con 41.5º y en La Paz casi 30º. En otros departamentos, por la quema de pastizales y árboles se genera contaminación del aire. De acuerdo con la base referencial tomada de IQAIR, la plataforma más grande del mundo en medición del aire y la información satelital de Greenpeace, Bolivia con la quema de 2 millones de hectáreas se ubica en 2do lugar, con 1.333 focos de calor. En primer lugar está Australia.
Zvonko Matkovic, Presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, denunció que gente armada impide el ingreso a los bomberos voluntarios para apagar incendios forestales que se dieron en lugares con asentamientos ilegales. Agrega que hizo conocer ese hecho al Ministerio de Defensa y la Policía.
Los incendios en el norte paceño llegaron a niveles nunca antes vistos y como no hay forestación que brinde humedad y agua, la sequía golpea a la producción agrícola y ganadera de 32 municipios, siendo los más afectados Guanay, Palos Blancos, San Buenaventura, Caranavi, Teoponte y Mapiri y las dos principales áreas protegidas, Madidi y Pilón Lajas, compartido con Beni, que sufre avasallamiento con fines de extracción de oro, con asentamientos por la minería ILEGAL. Se agrega a ello la expansión de la ganadería, que provoca el chaqueo descontrolado.
En la inmensidad del Madidi hay 6 eco-regiones: alta andina, bosque nublado, bosque seco, sabanas de montaña, bosque húmedo de pie de montaña y pampas del Heath, lo que convierte a este parque nacional en el hogar de una gran diversidad de animales, por ejemplo, del oso andino, la paraba militar, la palkachupa, el marimono y el jaguar. Solo la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) se organizó y se mostró como un escudo ante el ingreso de la minería ilegal en el norte paceño.
Otra Área protegida de 2.000 hectáreas quemadas, por la falta de logística para afrontar el fuego y el drama de los incendios, es el Parque Noel Kempff Mercado, en Concepción, municipio colindante con San Ignacio de Velasco. La superficie quemada en el último mes es 7 veces superior.
El 99% de incendios es provocado por avasalladores, por ello se debe abrogar las leyes que contienen artículos inconstitucionales, como: Ley 337 (2013) de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques; Ley 502 (2014) de ampliación del plazo y modificación a la Ley N° 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques: Ley 741 (2015) que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades destinadas a actividad agrícola y ganadería; Ley 1.098 (2017) de agrocombustible etanol y biodiesel; Ley 1.171 (2019) que autoriza quemas para actividades agropecuarias; DS 3.973 (2019) que autoriza el desmonte en Santa Cruz y Beni para actividad agropecuaria; DS 4.232 (2020) que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados.
Exigimos adquirir helicópteros para sofocar incendios. Lamentablemente gastaron nuestros recursos en canchitas y obras faraónicas, hoy abandonadas, sin uso.
La autora es Abogada, Economista, ex Asambleísta Constituyente.