De nuevo la mano criminal de aquellos depredadores de la naturaleza viene provocando uno de los más graves desastres ambientales en el país; cuyos efectos abrumadores se traducen en la destrucción irreversible de ecosistemas y los organismos que en ellos coexisten –bióticos y abióticos–; en contaminación de vertientes de aguas y aire tóxico; sobreexplotación, desmonte ilegal y deforestación de áreas protegidas, con fines de ampliación de tierras de cultivo y ganadería, al igual que plantaciones de coca ilegales.
De acuerdo con el reporte publicado el 23 de junio de 2021 por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y Wildlife Conservation Society (WCS), entre enero y diciembre de 2020 un total de 4,5 millones de hectáreas fueron afectadas por incendios forestales en todo el país. Las cifras están lideradas por los departamentos del Beni, que registra 54% en promedio de superficie quemada anual del total del país; Santa Cruz (38%); La Paz (6%) y Cochabamba (1%); dañando áreas protegidas nacionales y subnacionales. Santa Cruz es la región que en mayor grado ha perdido superficie de bosque primario húmedo (12%), entre 2002 y 2020, por deforestación mediante incendios y otras causas (regeneración de pastizales, expansión de la frontera agrícola y ganadera).
Tan graves acciones están lejos de ser controladas y sancionadas por un Estado laxo e insufrible ante el inminente “ecocidio criminal” sin precedentes que acelera el efecto invernadero, el desequilibrio medioambiental y la baja de la calidad del aire. Éste último, libera niveles altos de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre que, al ser compuestos orgánicos volátiles y partículas finas, representan amenazas reales para la salud humana, por la exposición prolongada al aire dañino. Entre los variados síntomas se advierte irritaciones oculares, respiratorias, cardíacas o pulmonares, además de enfermedades que acortan la vida (asma, bronquitis, enfisema y posiblemente cáncer).
De acuerdo con el Índice de Calidad del Aire (ICA), los incendios y quemas masificadas registrados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (reserva forestal El Choré), el pasado 23 de octubre, provocaron la emisión de grandes cantidades de humo, partículas y gases contaminantes, alcanzando el pico más alto de 313 microgramos por metro cúbico (µg/m³) de partículas en el aire, siendo catalogado como “extremadamente malo”.
La afectación a la madre tierra, en el caso boliviano, irónicamente es respaldada por un bloque de leyes y decretos supremos sancionados desde el año 2005, autorizando quemas irracionales y la ampliación de fronteras agropecuarias. Entre el 2013 y 2019 fueron aprobadas al menos 10 normas que admiten y legalizan la quema indiscriminada de bosques, para beneficiar a los grandes capitales del agro negocio y ganadería, principalmente del oriente del país. A ello se agregan las acciones de “grupos delincuenciales” que trafican con tierras fiscales, avasallamientos de tierras, territorios y áreas protegidas para la siembra y expansión de cultivos ilegales de coca. Tales extremos, al parecer, vienen suscitándose en absoluta complicidad silenciosa de instancias gubernamentales, como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT); ministerios de Medio Ambiente y Agua, Salud y Deportes, entre otros.
Tal como indica el viejo adagio “para muestra un botón”, ante el reciente atentado canallesco ambiental registrado en la reserva forestal El Choré, incendiada desde hace un mes, no hubo intervención oportuna por las autoridades nacionales, por ser esta tierra fiscal y reserva forestal; probablemente quizá porque en ella se encuentran asentados sindicatos afiliados a las federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba, quienes arrasaron impunemente más de 100 mil hectáreas para el cultivo ilegal de coca, impulsado por las mafias organizadas dedicadas a la actividad ilícita del narcotráfico.
Cuán lejos estamos de garantizar el cuidado, protección y preservación del ecosistema como elemento vital y esencial para el bienestar de la humanidad, así como los derechos de las futuras generaciones. La tierra y el medio ambiente están siendo gravemente dañados y lesionados, de forma irreversible, por la acción desmesurada y permisiva de un Estado pusilánime e ineficiente que observa pasivamente el criminal ecocidio en Bolivia.
M.Sc. Marcelo Chinche Calizaya, docente e investigador.