La senadora por la agrupación Creemos, Centa Rek, alertó que, si el “arcismo” se hace con el control de las dos cámaras en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), existe la posibilidad que el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado Reformulado 2023, sea aprobado con las siete disposiciones adicionales que fueron eliminadas en la Cámara de Senadores, cuyo objetivo es reponer artículos persecutorios y confiscatorios.
La legisladora de Creemos expresó su preocupación al hecho de que, una vez más, el Gobierno pretenda introducir “de contrabando” artículos de otros proyectos de ley que ya fueron rechazados en anteriores gestiones.
“A principios de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el PGE Reformulado 2023, con siete disposiciones adicionales, las mismas que fueron eliminadas en la Cámara de Senadores, porque nada tienen que ver con el espíritu de la Ley Financial, que permite autorizar los ajustes económicos necesarios hasta fin de año”, dijo.
Sostuvo además que, la disposición adicional Séptima, señala incorporar el parágrafo V al artículo 495, de la ley N° 393, de 21 de agosto de 2013, de Servicios Financieros con el siguiente texto: “V. los sujetos obligados así como sus directores, gerentes, administradores, funcionario responsable, miembros de la Unidad de Cumplimiento y/o cualquier empleado dependiente cuando reporten a la UIF de buena fe operaciones sospechosas, con independencia de si la actividad ilegal realmente ocurrió o no, estarán exentos de responsabilidad administrativa, civil y penal por transgresión de alguna restricción de revelación de información a la que estuvieran obligados al momento de efectuar el reporte, cualquiera fuera su naturaleza. Queda prohibido revelar el hecho de que se está entregando a la UIF un Reporte de Operaciones Sospechosas, o la información relacionada al mismo, por el carácter confidencial y la obligación de reserva del cual gozan los mismos”.
En esa línea, Rek afirmó que, “el gobierno del presidente Arce intenta reponer artículos que ya fueron rechazados en la ley de legitimación de ganancias ilícitas que en noviembre de 2021 ocasionó un paro de 9 días de diversos sectores sociales en todo el país, hasta que la misma tuvo que ser derogada por el Ejecutivo”.