Acostumbrados a que la justicia ejerza su función de rodillas ante el oficialismo, principalmente en los últimos diecisiete años, causó revuelo el fallo dictado por el Tribunal Cuarto de Sentencia en lo Penal de la ciudad de El Alto al declararse incompetente en uno de los tantos juicios instaurados contra la expresidenta constitucional del Estado, Jeanine Áñez.
Y porque los antecedentes son de dominio público, veamos muy resumidamente y por su superficie los hechos de 2019 provocados por el masismo, los cuales dieron lugar a una decisión judicial que enaltece la función jurisdiccional.
Sería también miope ver en la administración transitoria de Añez un gobierno inmaculado, cuando para todos también es evidente la grosera corrupción que imperó en los meses de aquel desafortunado gobierno que echó por tierra toda la esperanza que una buena parte de la ciudadanía abrigaba luego de tantos años de desgobierno y autoritarismo. Justo por ese usual comportamiento inmoral, ilegal y delictivo en altos funcionarios del Estado es que la CPE prevé un procedimiento especial. El juicio de responsabilidades es el mecanismo previsto por la Ley 044 para juzgar todos los actos contrarios a la ley que haya podido cometer Añez.
De manera que la culpabilidad o inocencia de la exprimera autoridad del Estado no puede depender de ningún fallo dictado por jueces ordinarios que, como viene ocurriendo, en algún momento con seguridad tendrán que anularse, dado que una decisión de quien no tiene competencia para hacerlo nunca puede alcanzar ejecutoria.
Pero más aún. El argumento —forzado, por cierto— de que Añez asumió la Presidencia por medios inconstitucionales tampoco puede respaldar la instauración de procesos ordinarios en su contra, porque ni el instrumento que norma los juicios de responsabilidades ni ninguna otra norma estatuyen que un juicio de esta jerarquía deba proceder únicamente contra un presidente constitucional.
Entonces, nos remitimos también a la jurisprudencia en los casos de Luis García Meza, quien fue juzgado precisamente mediante proceso de privilegio, o al antecedente de Hugo Banzer Suárez, que de no ser por el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz iba a ser sometido a proceso mediante juicio de responsabilidades. Y más allá de todos esos antecedentes, cualquier consideración sobre la antijuricidad del ejercicio presidencial de la hoy injustamente detenida Jeanine Añez es o supina o políticamente interesada. El gobierno de Añez demostró que estaba conformado por un equipo de ministros de los que varios han cometido una serie de abusos tanto contra los derechos humanos, como contra la propiedad fiscal, pero eso no significa que deba ser sancionada con un procedimiento que no corresponde a la investidura de primera autoridad del país, de modo que, en casos como éste, es inaplicable aquel adagio popular de que el fin justifica los medios. Jeanine Añez debe ser juzgada bajo la Ley 044 y en libertad conforme al principio universal de presunción de inocencia.
Y, entonces, volvemos a la decisión judicial de los valientes jueces técnicos de El Alto que, en una resolución inmejorablemente apegada a derecho, han determinado su incompetencia para juzgar y menos aún sentenciar a una exautoridad de cuyas decisiones avaladas en su momento por las autoridades del Órgano Legislativo, derivan ahora el presidente Luis Arce Catacora y funciona toda la institucionalidad.
Pero eso sí: no vaya a creerse que el fallo dictado por el tribunal —a cuyo conocimiento se sorteó el caso de Senkata— será el inicio de una conversión milagrosa de nuestros jueces a la aplicación estricta del derecho; tendríamos que ser ilusos para creer algo semejante, pero como lo sostuve antes —y muchos críticos del sistema judicial coinciden en ello—, sí existen excepcionalmente jueces probos, y tres de ellos son los que, desafiando las represalias a las que el masismo está acostumbrado cuando a su poder no se someten, han dignificado la justicia y la integridad de su administración.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor.