El juez del Tribunal Primero de Sentencia en lo Penal determinó ayer mantener la detención preventiva del exdirector de Migración, Marcel Rivas, en una audiencia donde –según la defensa– el juez recibió presión para mantener encerrado.
Rivas lleva más de 10 días de huelga de hambre seca y esperaba recibir la libertad, porque uno de los procesos concluyó con su sobreseimiento y en el otro tiene una sentencia de tres años.
El abogado Karlo Brito que patrocina a Rivas manifestó que en criterio del juez, su patrocinado sería un peligro para la sociedad, si es que recupera su libertad.
El jurista afirmó que hubo presión al juez, porque durante la audiencia la autoridad judicial recibió una notificación de parte del Consejo de la Magistratura, sobre una denuncia.
Explicó que esa denuncia notificada al juez fue por los hechos del viernes, cuando se pretendía realizar la audiencia primero de manera presencial y luego en la cárcel de San Pedro, pero se suspendió por una protesta de reclusos.
Brito aclaró que la decisión judicial fue apelada por lo que se espera fecha y hora para una nueva audiencia.
COMISIÓN IBEROAMERICANA
Por otro lado, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el desarrollo de las Américas (Cidhpda) recibió la solicitud enviada por Rivas para que esa instancia lo represente ante instancias internacionales de defensa y denuncia.
El padre de “preso político” pidió garantías a Régimen Penitenciario para que ayer se cumpla la audiencia en la que se trató el pedido de libertad de Rivas, misma que fue postergada desde el viernes debido a las movilizaciones políticas que reclusos promovieron en el penal de San Pedro.
“Recibí del preso político, Osvaldo Marcel Rivas, exdirector de Migración en el gobierno de Jeanine Añez, su solicitud para que lo represente en instancias internacionales de defensa y denuncia. Marcel tiene (12) días en huelga de hambre, solicitando su libertad, ya que en un primer proceso fue absuelto, en otro fue condenado a tres años que prácticamente ya los cumplió preso, aunque la ley le permitía estar en libertad, y ahora le abrieron otro proceso que está en fase de imputación. Los próximos días estaremos evaluando las acciones a seguir internacionalmente en este caso”, publicó la directora Ejecutiva de Casla Institute y delegada de WJA ante la Corte Penal Internacional, Tamara Suju, en X (antes conocida como Twitter).
Suju recibió así la carta que Rivas entregó a Kelly Tejada, representante de la Cidhpda en Bolivia, instancia que desde la pasada semana hace seguimiento del caso, al igual que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), presidida por Amparo Carvajal.
“Mediante la presente nota y desde mi encierro, solicito y adjunto los permisos pertinentes para que, mediante su institución, se realicen las acciones pertinentes, para mi defensa, por la vulneración de mis derechos humanos y mi libertad”, señala parte de la carta enviada por Rivas a Sujo el 2 de noviembre.
El exfuncionario exige su libertad inmediata, debido a que ya cumplió una condena por un proceso que él califica de ilegal, y que no existe impedimento legal para estar en libertad, pero acusa a las autoridades de la Fiscalía y el gobierno de Luis Arce, de incumplir la ley. La defensa denunció que los fiscales tratan de dilatar el encierro del exdirector de Migración ampliando la investigación en un proceso, por hechos de un caso en el que Rivas ya fue sobreseído.
SANTA CRUZ
De forma paralela, en la Plaza 24 de septiembre de Santa Cruz de la Sierra, ayer se cumplió ocho días del piquete de huelga de hambre instalado por el presidente de la Cidhpda en Bolivia, Fernando Hamdan, a la que se sumaron las activistas Blanca Méndez, Giovani Ibáñez y Jesús Claudio Rodríguez. La medida extrema se instaló en demanda de la libertad de los presos políticos del régimen de Arce.
PROTESTA POLÍTICA
El viernes, 3 de noviembre, el juez Marcial Salazar, a cargo de Juzgado de Sentencia Primero Anticorrupción, debió suspender cuatro veces la audiencia de cesación a la detención preventiva solicitada por Rivas. Esto debido a que el Gobernador del penal de San Pedro, Sergio Sillerico y los funcionarios de Régimen Penitenciario incumplieron la orden de traslado de Rivas a tribunales.
Esa fecha, los funcionarios del Gobierno de Luis Arce, coordinaron la realización de una protesta política con reclusos, quienes con pancartas y subidos en las rejas del penal generaron un clima de inseguridad en San Pedro. Por esto, el juez Salazar tuvo que postergar la audiencia para ayer.
No es la primera vez que los responsables de Régimen Penitenciario coordinan protestas políticas con los delincuentes detenidos en San Pedro y otros penales, dirigidas a hostigar la permanencia de personas consideradas “presos políticos”. En diciembre de 2022, en San Pedro, los reclusos, con pancartas uniformes protestaron en contra de la reclusión en ese penal, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien luego de un violento operativo en esa región, fue enviado al penal de Chonchocoro, en el marco de proceso por el supuesto golpe de Estado de 2019.
PEDIDO
DEL PADRE
El domingo, Mario Rivas Ledezma, padre del exdirector de Migración, publicó una carta en la que además de solicitar una revisión médica completa de su familiar, pidió garantías a los responsables de Régimen Penitenciario para que dicha audiencia finalmente se realice ayer. En la nota, se denunció que anteriormente Rivas ya fue víctima de tortura estatal, cuando lo extrajeron de un hospital, a donde lo habían llevado por problemas renales, debido a que solo tiene un riñón.
“Solicito una valoración médica anticipada y formal de Marcel por parte del cuerpo médico de Régimen Penitenciario, incluyendo un nefrólogo. Es crucial que esta valoración sea justa, precisa y detallada, evitando términos genéricos como “hemodinámicamente estable” que no reflejan la realidad de su estado de salud”, solicitó Rivas Ledezma a través de su carta. Precisó que esa valoración debe ser firmada por todos los profesionales médicos que intervengan.
El pasado viernes, la audiencia estaba programada inicialmente para las 8:00, pero debido a una sorpresiva revisión médica hecha por médicos de Régimen Penitenciario, se impidió el traslado de Rivas a tribunales. Por esa razón el juez Salazar pospuso la audiencia para las 9:30 y posteriormente para las 11:00, horarios en los que se volvió a incumplir la orden judicial sin justificación.
En ese contexto, Salazar reprogramó la audiencia para las 13:00, pero en el penal de San Pedro, con el fin de evitar la inasistencia de Rivas. Sin embargo, en ese horario se iniciaron las violentas protestas de los reclusos, que denunciaban un supuesto trato preferencial para Rivas, por lo que el juez volvió a reprogramar la audiencia para las 17:00, hora en la que el detenido debía asistir a la audiencia de forma virtual y las demás partes hacerse presentes en tribunales.
No obstante, sin dar un informe oficial al juez, Régimen Penitenciario volvió a incumplir la orden del juez. En ese horario, en puertas del penal, la Policía coordinaba con los reos que promovían la movilización política para el ingreso de periodistas con la intención de darles cobertura.
En contraparte, otros internos del penal de San Pedro, de las secciones Grulla y Chonchocorito denunciaron que el director del recinto ordenó a los delegados organizar la protesta en contra del exdirector de Migración. “El coronel Sillerico le dijo al delegado que mueva a la gente de Chonchocorito y Grulla para que haga la protesta”, denunció un interno a la ANF. (EL DIARIO y Periodismo sin Photoshop)