Según el artículo 297.II de la Constitución Política del Estado, “Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: Núm. 32 Transporte terrestre, aéreo, fluvial y otros cuando alcance a más de un departamento y las competencias concurrentes por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas: 1) Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental”. El Art. 302.I expresa: “Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: Num.18. Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación vial, administración y control del tránsito urbano”.
Lamentablemente, los gobiernos nacional y municipal, que deben garantizar el LIBRE TRÁNSITO en la ciudad de La Paz y las comunidades, no cumplen el mandato constitucional y permiten los bloqueos de la minería ilegal del oro, que daña el medio ambiente y la salud, perjudicando al desarrollo de Bolivia. Veamos al respecto los siguientes casos: 1) El emblemático nevado Illimani, declarado Patrimonio Nacional mediante Ley 302 desde 2012, es protector y generador del líquido natural para actividades agrícolas de las comunidades que defienden los recursos naturales y que ofrecen sus productos a la ciudad de La Paz. Sin embargo, la Cámara Nacional de Minería confirmó la presencia de ciudadanos chinos en las faldas del cerro. Por ello las centrales agrarias de Kaphi, Cayimbaya, Pina y Palca conformaron un comité de defensa del atractivo turístico y cultural. Las cascadas que salen del Illimani están contaminadas con mercurio, por actividades de chinos y cooperativas mineras ilegales. 2) En Apolo en un enfrentamiento perdió la vida un minero cooperativista. 3) El oro es el principal producto de exportación del Departamento de La Paz, representando el 8% de las ventas al exterior. Según datos del INE, en 3 años subió al 145%, contaminando ríos que desembocan en la Amazonia, donde hay miles de dragas asentadas que contaminan los afluentes, con el uso descontrolado de mercurio. 4) La minería ILEGAL del oro ingresó al Parque Nacional y Área Natural de Manejo integrado Madidi, correspondiente a la cuenca del rio Tuichi. “Los pueblos ribereños somos los más afectados por mercurio”, decía Alex Villa, vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos y Aéreas Protegidas. 5) Deforestan para la apertura de caminos y llegar a lugares de la extracción ilegal. 6) En el Norte de La Paz introducen maquinaria pesada que destruye los caminos que son de tierra, ocasionando perjuicio a los transportistas, que muchas veces se plantan durante horas para reparar esas vías y llegar a su destino.
En estos días no podemos transitar libremente en la ciudad de La Paz, por los bloqueos del sector minero aurífero que hace un nefasto pedido al gobierno: 1) Aprobación de una Ley INCONSTITUCIONAL para pagar 4,8% de impuestos. 2) Que el Estado frene el avasallamiento de concesiones mineras. 3) La personería jurídica de Fecmabol. 4) Aprobación de contratos nuevos en la Asamblea Legislativa. 5) Condonación de deudas con la Caja Nacional de Salud. 6) Financiamiento y mecanización. 7) Continuar los trámites de adecuación en áreas forestales con derechos preconstituidos para la actividad minera y otros. Finalmente, amenazan con bloqueo de caminos.
Los cooperativistas del oro, hoy nuevos ricos, exportan anualmente $us 3.000 millones y solo pagan 2% de impuestos, contaminando nuestros ríos que proporcionan AGUA, no solo para seres humanos sino también para animales, plantas y todo el medio ambiente. La minería aurífera expulsa mercurio y desechos a los ríos y al suelo, y con evaporización la contaminación pasa al aire. En un caso, los pobladores originarios esse ejía, que no son mineros, fueron contaminados por consumir pescado, con graves consecuencias para su salud.
Exigimos al gobierno cumplir con la Constitución Política y no permitir los bloqueos que realizan en la ciudad de La Paz los mineros DEPREDADORES de la naturaleza.
La autora es Abogada, Economista, ex Asambleísta Constituyente.