Una de las conclusiones de la 79ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), señala que en este período resultó el más crítico para la libertad de prensa en Bolivia, debido al cierre del segundo diario independiente durante un gobierno izquierdista, el acoso permanente a los medios escritos independientes, la violencia contra mujeres periodistas y la impunidad.
El documento refiere que el cierre del diario Página Siete, el 29 de junio, confirmó el estado de persecución en que se encuentran los periódicos que mantienen su independencia editorial. En enero de 2016 había cerrado La Prensa.
A fines de octubre, el histórico periódico Los Tiempos, de Cochabamba, suspendió sus ediciones diarias para convertirse temporalmente en un semanario.
La exclusión de la pauta estatal, el acoso tributario, las sanciones económicas a través de entidades recaudadoras y de la seguridad social, además del amedrentamiento a los anunciadores privados para que eviten publicitar en los diarios afectados, conforman las características de un preocupante cerco financiero y asfixia gubernamental.
DENEGACIÓN DE JUSTICIA
Preocupa la denegación de justicia a la periodista Daniela Valdez, quien el 24 de julio fue golpeada y despojada de su equipo de trabajo por vecinos de una zona rural de la ciudad de Sucre. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) reclamó a la Corte Superior de Justicia del departamento de Chuquisaca la demora injustificada del proceso contra los agresores.
En la región fronteriza con Brasil, Puerto Quijarro, la periodista Dalia Surubí resistió el hostigamiento judicial que le exigió revelar una fuente informativa. Este caso se suma a otras peticiones judiciales que afectan al trabajo periodístico con el intento de vulneración del secreto de la fuente informativa protegido por la Constitución y la Ley de Imprenta.
HECHOS RELEVANTES EN ESTE PERÍODO
El 29 de mayo, la ANP expresó solidaridad con el periodista Junior Arias, propietario del canal DTV y productor del programa Detrás de la Verdad, quien abandonó el país debido a las amenazas que recibió al investigar sobre el Banco Fassil.
El 2 de junio, varios periodistas fueron amenazados por militantes del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), mientras cubrían la toma de las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb).
El 16 de junio, trabajadores de la Cooperativa Minera No Metálica La Luminosa atacaron a policías y periodistas con explosivos para echarlos de la zona, en donde funcionarios municipales se encontraban colocando letreros de “área verde”.
El 26 de julio, la ANP denunció que Guider Arancibia, periodista del diario El Deber, recibió amenazas luego de publicar una noticia sobre la incautación de un cargamento de cocaína que era transportada por una avioneta que se estrelló en Argentina. La asociación exigió protección gubernamental para el periodista.
El 2 de agosto, el comandante de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguín, maltrató verbalmente a un periodista durante una entrevista. Lo acusó de apuntarlo con su “camarita y micrófono”.
El 3 de agosto, periodistas de Contacto Bolivia y Red ATB recibieron amenazas a través de WhatsApp por publicar artículos sobre el caso de un narcotraficante uruguayo prófugo de la Justicia.
El 28 de agosto, miembros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) marcharon para exigir respeto a la libertad de expresión luego de que tres emisoras de radio fueran silenciadas. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) les retiró las licencias de operación a Radio Yungas de Chulumani y a Radio FMBolivia y decomisó los equipos de Radio Activa por operar sin autorización.
El 13 de septiembre, varios agresores tomaron el terreno donde se ubica la antena de Radio Metropolitana. El medio denunció daños y explosiones de dinamita en contra de los trabajadores que intentaron detener el ataque.
El 5 de octubre, militantes del MAS golpearon a periodistas de Red UNO y Unitel, luego de un congreso que realizó el partido.
PROMOCIÓN DE VALORES
La SIP concluyó también que varios gobiernos del hemisferio están fallando en la promoción de “los valores republicanos de una prensa libre”.
¨El debilitamiento de la democracia en América este año arrastró su sombra infaltable: la erosión de las libertades de expresión y de prensa. El inicio de nuevos gobiernos y varios procesos electorales en la región fallaron en promover los valores republicanos de una prensa libre”, concluyeron.
A nivel general -dicen- el recrudecimiento de las dictaduras, el fortalecimiento de los autoritarismos, el crimen organizado y la debilidad económica fueron los factores que más afectaron las libertades de expresión y de prensa en la región.
Dos fueron los símbolos de esta situación durante la 79ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Ciudad de México.
LIBERTAD DE PRENSA Y EXPRESIÓN
Por un lado, el Índice Chapultepec de Libertad de Prensa y Expresión en las Américas cayó a su puntaje global más bajo registrado a la fecha.
República Dominicana lideró el ranking, mientras que la tabla la cerraron, otra vez, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por primera vez figuraron cuatro países en la categoría “en alta restricción”: Bolivia, El Salvador, Guatemala y Honduras.
El segundo hecho significativo del encuentro fue que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su gobierno en pleno, desairaron a la prensa del continente al no asistir a la inauguración de la asamblea, como es tradición de los presidentes de países anfitriones. La precandidata opositora a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, firmó la Declaración de Chapultepec.
Durante la Asamblea General se celebraron los 30 años de la Declaración de Chapultepec y los cinco de la Declaración de Salta. Sobre esta última, se acordó un proceso de consulta con expertos en libertad de expresión y nuevas tecnologías y periodistas durante el próximo año, con la esperanza de actualizarla hacia la 80ª Asamblea General, que se realizará en Córdoba, Argentina, en octubre de 2024.
La asamblea resolvió, a través de una resolución, solidarizarse con Acapulco y Guerrero tras la devastación que dejó el huracán Otis. También se acordó pedir al gobierno de México no intentar acallar ni modificar la cobertura de medios y periodistas durante la tragedia.
En un entorno de debilitamiento del negocio de los medios, la asamblea discutió estrategias de generación de nuevos ingresos y audiencias, además de ratificar la importancia de continuar la lucha por derechos de propiedad intelectual respecto de plataformas digitales y motores de inteligencia artificial. Asimismo, se pidió a Google ampliar su licenciamiento de contenidos a través de Showcase, ya existente en Argentina, Brasil, Colombia y México, a otros países como Perú y Chile.
PERIODISTAS ASESINADOS
Siete periodistas fueron asesinados: tres en México, dos en Guatemala, uno en Colombia y uno en Haití, entre no pocos otros atentados contra la vida. Pero la violencia no terminó allí. Incrementó el número de periodistas exiliados, con al menos 25 nuevos casos registrados: en El Salvador, 15; en Ecuador, cinco; en Nicaragua, tres; uno en Bolivia y uno en Paraguay. Los arrestos continuaron: cuatro en Cuba, dos en Nicaragua, tres en EE.UU. y uno en Guatemala. Siete periodistas fueron secuestrados y luego liberados.
Los países más golpeados de la región fueron otra vez las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Continuaron los arrestos, secuestros y exilios, así como restricciones en el espacio digital. Persistieron las amenazas contra anunciantes privados en la prensa independiente, las clausuras de medios y la anulación de concesiones televisivas y radiales. “El ejercicio del periodismo en Nicaragua es un crimen”, dijo Juan Lorenzo Holmann, del diario La Prensa, desde EE.UU., donde reside tras haber sido liberado de prisión.
ETAPA CRÍTICA
En el apartado de países con alta restricción, en Bolivia se vive la etapa más crítica de la libertad de prensa desde los años 1980. En este país, así como en El Salvador, Guatemala y Honduras, persisten los embates de sus presidentes y gobiernos contra el periodismo independiente, el acoso tributario, las sanciones económicas y judiciales, los daños materiales a las instalaciones de medios y amenazas a anunciantes. No faltaron iniciativas legislativas para “legalizar” la represión. Más de 100 asesinatos de periodistas permanecen impunes.
Siete países componen el grupo en restricción. Todo ellos –Perú, México, Ecuador, Colombia, Paraguay, Argentina y Brasil– sufren un incremento del crimen organizado, la delincuencia común y el narcotráfico, mafias que atacan a la prensa con cada vez mayor saña. Elecciones y nuevos gobiernos han ido y venido en cuatro de estos países este año; sin embargo, el trabajo de la prensa se ha vuelto incluso más riesgoso.
El presidente Andrés Manuel López Obrador continúa con su discurso hostil contra la prensa; el candidato argentino Javier Milei protagonizó más de una veintena de ataques verbales contra periodistas; en Colombia Gustavo Petro tilda a la prensa de mentirosa, y en el Perú el gobierno de Dina Boluarte intentó, sin éxito, crear el delito de instigación de disturbios contra quienes –incluyendo comunicadores– informen sobre protestas que terminen en violencia.
Mientras México continúa siendo el país más violento de la región para el ejercicio de la prensa, desde este año Perú carece de instituciones públicas comprometidas con las libertades de expresión y de prensa, tras la intervención del Congreso.
Y en todos, la publicidad oficial se maneja con opacidad y existen restricciones para el acceso a la información pública.
Entre los países de la categoría “baja restricción”, se observa en Panamá, Jamaica, Guyana y Surinam, así como en Puerto Rico, que la principal traba al periodismo provino de la obstrucción en la entrega de información pública. También hubo intimidación. En Costa Rica, un fallo de la Corte Constitucional permite ahora enfrentar la estigmatización de periodistas desde el poder, tras un agravio del presidente Rodrigo Chaves.
En EE.UU. se arrestó a tres periodistas. Se allanó un medio de comunicación y continuaron demandas por difamación. Continúa la persecución contra Julian Assange, fundador de WikiLeaks, una afrenta contra la libertad de expresión.
En Canadá, el gobierno aprobó una ley que permite negociaciones colectivas entre plataformas digitales y medios de comunicación como compensación por el uso de su contenido informativo. En represalia, Meta bloqueó el acceso a noticias en Canadá y Google amenazó con acciones similares.
En el proceso constituyente chileno se acordaron garantías para la libertad de expresión y la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para la protección y seguridad de periodistas. En Uruguay el Senado busca ofrecer incentivos fiscales a medios impresos.
República Dominicana es este año el único país donde impera la libertad de expresión. No registró casos graves contra periodistas. El presidente dominicano Luis Abinader hace comparecencias públicas continuas para rendir cuentas frente a la prensa.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.